Los sindicatos alertan de una nueva oleada de despidos masivos

DEMETRIO PATOCHO
>En los meses de junio y julio se han multiplicado los anuncios de despidos masivos especialmente de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), por parte de grandes empresas como Telefónica, RENFE, Iberdrola, Dragados, etc. Todo ello en un contexto en el que, de forma individual, también se han producido, de 1997 a 2002, más de 1.500.000 despidos (de ellos, un 80% improcedentes); en el que la tasa de temporalidad llegó a un 33,5% en el primer trimestre de 2003 (uno de cada tres empleados es precario), y en el que se realizan diez veces más contratos temporales que indefinidos. A primera vista, se trata de un hecho paradójico, ya que el primer trimestre de 2003, el beneficio neto de las empresas españolas creció un 151,1%.

Numerosos sindicatos denuncian esta oleada de despidos masivos como un nuevo episodio de liquidación de plantillas “estables y consolidadas” en pos de una mayor precarización del empleo y flexibilización de las condiciones de trabajo, con durísimas consecuencias sociales.

Desde la firma del Pacto de Toledo (acuerdo sobre las pensiones), el gobierno se ha posicionado públicamente contra los ERE que signifiquen reducciones de plantilla a cambio de jubilaciones anticipadas. Ahora bien, desde 1997, el ministerio de trabajo ha aceptado todos los EREs que se le han presentado, unos 8.277 que afectaron a 128.762 empleados, lo que anima a las grandes empresas a recurrir a esta vía para reducir gastos. Entre 1997 y 2002, según CCOO, el numero de EREs presentados al ministerio creció en un 64%.

Y es que los EREs suponen un ahorro de entre el 20% y el 30% en los salarios para las empresas. Pero no para las arcas publicas. Para animar a sus empleados a aceptar el despido, se les asegura, en teoría, una doble cobertura: la protección por desempleo y unos ingresos complementarios que asegura la empresa. De hecho, buena parte de la reducción de los costes de la empresa los asume el INEM. Cada año de media (sin incluir el 2003), unas 50.000 personas de más de 50 años son sometidas a EREs. De ellos, unos 20.000 pertenecían a grandes empresas con beneficios, lo que supone un desembolso de 240 millones de euros para el INEM. Según el sindicato AST, el ERE de 1999 de Telefónica supuso para las arcas publicas un gasto de 217.000 millones de pesetas.

Y es que el sistema de los EREs, pensado para empresas en crisis y en reconversión, es utilizado profusamente por empresas con beneficios para encarar procesos de fusión y “adaptación a la competitividad”, reduciendo “costes salariales”.


El ferrocarril, servicio público en vías de extinción

DEMETRIO PATOCHO
El 1 de julio 2003, con inusitada rapidez, la dirección de RENFE presentaba un expediente de despido colectivo para 1.500 empleos. En poco más de diez años, la plantilla de dicha empresa ha pasado de 70.000 empleados a los 31.000 actuales. Según el sindicato CGT, la falta de plantilla se evidencia en los más de dos millones de horas extras realizadas entre enero y octubre de 2001(últimos datos facilitados por la dirección), en que se trata de la empresa de ferrocarril con menor nivel de plantilla y el más alto índice de productividad por trabajador.
Tal como reconoce la propia dirección en la comunicación de apertura del periodo de consultas, el objetivo de este despido colectivo es facilitar la aplicación de la ley del sector ferroviario, aprobada por el parlamento el 19 de junio 2003, el primer paso para la privatización del servicio público de trenes. Ese mismo 19 de julio, también se aprobaba, con las firmas de CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas, el ultimo convenio colectivo de RENFE, que incluye entre otras cláusulas, la semana laboral ordinaria de 60 horas.

Respecto a la justificación de este ERE, la propia dirección de la empresa ha reconocido que los motivos –aumentar la productividad y reducir costes, en una empresa con pérdidas (se obvia que es un servicio público)- que alega son los mismos planteados en los cuatro EREs llevados a cabo con anterioridad en RENFE y que, según la CGT, lejos de solucionar los problemas de la compañía, los han agravado.

Numerosos sindicatos y organizaciones –CGT, SO, etc.- denuncian que la constante disminución de plantilla se está haciendo sentir de forma particular en una reducción del personal directamente relacionado con la seguridad del transporte ferroviario y con un déficit creciente de mantenimiento, tanto de la infraestructura como del material rodante.

Frente a la “racha” de accidentes ferroviarios –15 accidentes graves (con heridos o muertos desde el 3 de enero a junio 2003- de los últimos meses, la Dirección de RENFE aprobó recientemente un Plan de Rehabilitaciones urgentes de la Infraestructura, que incluye actuaciones intensivas para las que es necesaria una dotación de personal superior a la actualmente existente. Una nueva reducción de plantilla sólo se puede llevar a cabo en detrimento de la seguridad.
Además, según los sindicatos antes citados, la intención de reducir nuevamente la plantilla no tiene justificación posible, puesto que podría hacer inviable la capacidad productiva de la empresa, una situación que ya ha empezado a producirse.