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Las pensiones y el
mercado: un problema político, no técnico
DEMETRIO PATOCHO
>>Tras el paréntesis veraniego, la polémica europea
sobre la reforma de los sistemas de pensiones vuelve a avivarse. El gobierno
del PP insiste en que la revisión del Pacto de Toledo –acuerdo
sobre las pensiones- no tendrá lugar hasta pasadas las elecciones
generales. El porqué queda claro: el 20 de agosto, el presidente
de comisión para la revisión del pacto, J. Merino, del PP,
reconocía que la ampliación del periodo de cálculo
de las pensiones a toda la vida laboral, “puede” perjudicar
a los trabajadores, especialmente a quienes se jubilen tras muchos años
de cotización.
En Francia, el 25 de julio el parlamento aprobó la ley de reforma
de las pensiones, pese a los tres meses de movilizaciones que sacaron
a dos millones de personas a las calles (ver MOLOTOV 37). Las protestas
volverán a iniciarse en septiembre, según afirman sus promotores.
La entrada en vigor de la reforma está paralizada por un recurso
de inconstitucionalidad, lo que no ha impedido al gobierno preparar otro
recorte social, a través del gasto sanitario. La reforma de las
pensiones implica un alargamiento de los años de cotización
para lograr obtener la misma pensión que ahora. También
supone que las jubilaciones se producirán más tarde, o con
una pensión menor. Se fijan las pensiones mínimas en el
85% del salario mínimo (que corresponde a poco menos de 1.000 euros/mes);
y se apoya la implantación de planes de pensiones privados. Por
último, se impone un frenazo a las prejubilaciones. En Italia,
el primer ministro Berlusconi, anunciaba el 25 de agosto que retrasaría
en 5 años la edad para la prejubilación (hoy en 57 años),
lo que ya ha levantado la oposición de los tres grandes sindicatos
del país. Por último, en Alemania, la comisión para
la reforma del sistema de pensiones y de salud presentaba una propuesta
para endurecer el acceso a las jubilaciones. Propone aumentar la edad
de jubilación en dos años (de los 65 a los 67 años),
reducir las pensiones (del 48% del salario bruto actual, al 41,6%), además
de fuertes recortes en los servicios médicos hasta ahora públicos.
A continuación, presentamos una refutación de los argumentos
de los gobiernos para justificar dichas reformas; y un estudio histórico
social de los diferentes tipos de sistemas de pensiones vigentes en el
mundo.
Sobre
la validez y coherencia de los argumentos de los gobiernos
Jubilaciones ¿salvamento o extorsión?
RENÉ PASSET*
>> Las organizaciones que han roto la unidad sindical para apoyar
el proyecto gubernamental, han tomado una pesada responsabilidad. Los
pocos abalorios con los que se han dejado seducir no tienen ningún
peso ante el meollo del problema. Desde el principio, el gobierno había
cargado las tintas sobre algunos puntos menores, con el objetivo de dar
la apariencia de hacer concesiones... preservando lo que para él
–y el Medef [la organización de la patronal francesa]- es
lo fundamental. La apuesta, el envite, es considerable.
El argumento demográfico en el que se basa la reforma no tiene
consistencia alguna. La relación entre el número de jubilados
y el de [trabajadores] activos no significa nada. No retomaremos aquí
las cifras manifiestamente exageradas presentadas por el primer ministro.
El antiguo comisario para el Plan, Jean-Michel Charpin [encargado de elaborar
un plan de reforma sobre las pensiones], estimaba en 1999 que el número
de personas a mantener por cada 10 activos, pasaría de 4 a 7 entre
los años 2000 y 2040.
El sistema va a
“explotar”
Consecuentemente, nos dicen, el sistema va a “explotar”... Con
estas cuentas, habríamos podido, en 1945, profetizar que medio
siglo después, nuestro país atravesaría la crisis
alimentaria más trágica conocida desde la Edad Media: mientras
que un agricultor “alimentaba” 5,3 personas, éste debería,
en el 2000, asegurar el alimento de más de 50. Sin embargo, no
sólo al país no le falta pitanza, si no que la exporta.
El aumento espectacular de la productividad agrícola ha permitido
este milagro. No obstante, el informe Charpin partía de la hipótesis
de un crecimiento anual de la productividad del trabajo del orden de 1,7%.
Esta hipótesis moderada –ya que, de 1973 a 1996, la tasa ha
sido de 2,1%- sería suficiente para que, de aquí al 2040,
la producción por cada trabajador se vea multiplicada por dos.
Los 7 jubilados “mantenidos” por los 10 asalariados pesarían
entonces, como pesan hoy 3,5... en vez de los 4 “inactivos”
de ahora. Si tuviésemos en cuenta el total de los inactivos, veríamos,
siempre según los datos oficiales, que la carga por cada activo
disminuiría hasta el 2020 para, después de haberse enderezado,
retomar su nivel actual hacia el 2030. Y eso que las ganancias de productividad
vendrían todavía a dividir dicha carga por 1,6... y por
más de 2, si tomamos las declaraciones del primer ministro que
promete un crecimiento del PIB del 2,5 a finales de este año.
¿Qué nos queda del problema? Sólo que para un tramo
de edad [los mayores], que está un poco sobre representado en el
conjunto de la población, la parte del PIB que le corresponde se
vería acrecentada. No sería la primera vez que la pirámide
de la población se transforma y que se da un fenómeno tal.
A problema falso, solución aberrante. Ya que, nos dicen, la amenaza
se supone que viene del aumento del número de los trabajadores
de más de 60 años, basta con desplazar el cursor de los
años de cotización hacia atrás, hacia las edades
más elevadas. Se aumentaría así el numero de los
que financian mientras se reduce la cohorte de los que son financiados.
¿Elemental, a que si? Elemental, efectivamente, salvo por algunos
detalles como el paro, la multiplicación de las prejubilaciones
y el hecho de que cerca de dos tercios de los asalariados del sector privado
están ya –de una forma u otra- en cese de actividades. Bajo
estas condiciones, la solución gubernamental no podrá tener
más que dos resultados. El aumento efectivo de la duración
de las cotizaciones, acompañado de un frenazo de los ingresos en
la base, de un crecimiento del paro juvenil y de un envejecimiento de
la población activa que ya no se renueva más. Ya sea, lo
más probable, la reducción del número de los que
podrán optar a una jubilación completa. La solución
gubernamental ignora claramente el movimiento secular por el cual un número
cada vez menor de horas trabajadas, permite generar un producto acrecentado
y dar ocupación a un numero creciente de personas, gracias a la
reducción del tiempo de trabajo [se refiere a la política
de las 35 horas semanales]. Así, en 1896, en Francia, 18 millones
de personas empleadas aportaban anualmente 55.000 millones de horas trabajadas,
mientras que exactamente un siglo más tarde, 22 millones de trabajadores
no aportaban más que 35.000 millones. Entre tanto, la duración
anual del trabajo por individuo se ha visto rebajada de más de
3.000 horas a menos de 1.600. Las ganancias de productividad por la evolución
de las tecnologías habían beneficiado a todos. ¿No
es ese punto al que llaman progreso social?
El rechazo a repartir
las ganacias
¿Por qué se empeñan en defender la solución
inversa, manifiestamente a contracorriente de toda la evolución
histórica? Sencillamente, porque otra solución obligaría
a los “nuevos dueños” de la economía a repartir
estas ganancias de productividad. Pero, en última instancia, si
es sobre producto nacional que se basa la carga de las jubilaciones; si
este producto nacional es el resultado, no de trabajadores con sólo
sus brazos, sino de sistemas integrados hombre/máquina, no hay
ninguna razón para hacer recaer la financiación de las jubilaciones
únicamente a los asalariados. Esto es particularmente cierto en
los sistema productivos dominados por lo informacional (el ordenador,
el conjunto de las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación...) donde todo funciona en interdependencia.
¿En nombre de qué se querría que un fenómeno
demográfico concerniente al conjunto de la sociedad descanse sobre
una sola categoría social? Además, esta última, cuya
parte en la creación del valor añadido nacional ha disminuido
diez puntos durante los años 80, ya “ha pagado”, por
decirlo de alguna manera. Es sobre el conjunto de los ingresos que debe
descansar dicha carga, y esto es lo que no se quiere. No abordaremos aquí
las modalidades del reparto de los convidados a la “fiesta”.
Pero ¿este reparto de riqueza no proviene también de un
“sentido común” igual de obvio que el que reivindica
el gobierno? (...)
La extorsión
del sistema de pensiones
No es un salvamento [del sistema de pensiones], sino una extorsión.
“No queremos”, declara el ministro de asuntos sociales, “reducir
el monto de las pensiones, sino sencillamente, aumentar la duración
del trabajo”. Y toman todas las medidas –alargamiento del periodo
de referencia para el cálculo de las pensiones, etc.- que van en
la dirección opuesta a estas declaraciones. En una sociedad en
la que se vive más tiempo y sobre todo con mejor salud, ¿qué
hay más natural que trabajar más años? En un país
en el que se multiplican las prejubilaciones y donde los mayores de 50
años interesan cada vez menos a los empleadores, ¿se creen
que bastará, como ya han hecho, con pedir a los jefes de empresa
que se “arremanguen” para conservar durante más tiempo
a sus viejos asalariados? El resultado –y sin lugar a dudas, el objetivo
buscado- es este. Las evaluaciones serias de los expertos sindicales,
hacen aparecer, con el 2020 como plazo, reducciones del 20 al 35% de las
pensiones a abonar a las futuras generaciones. Y se ve renacer, para la
gran mayoría, el espectro de la asimilación de vejez y pobreza.
Se trataría, nos prometen también, de salvar las jubilaciones
con el reparto social que se complementaría con la capitalización
[fondos privados de pensiones]. ¿De qué se burlan? ¿Es
reduciendo hasta una mínima parte las jubilaciones financiadas
por el reparto, mientras que se consagra los dineros públicos al
desarrollo de la capitalización, que se van a salvar las pensiones?
Las lecciones de la crisis no son suficientes. Y sin embargo, hemos visto
multiplicarse –sobre todo en los EEUU- los casos en los que las quiebras
fraudulentas han tenido por resultado privar a sus asalariados, no solo
de sus empleos, si no también de los ahorros que habían
apartado en previsión de su vejez. Pero, ¿qué importan
“su vejez” frente a los 175.000 millones de euros –un poco
más del 12,5 del PIB- que las instituciones financieras privadas
no pueden ver trasegar fuera de sus cajas?
Tras esto, hay una lógica funcionando. (...) Desde los años
80, la política de liberalización de los movimientos de
capital lanzada por el tandem Reagan-Thatcher ha desplazado el poder económico
hacia la esfera financiera. El capitalismo se ha hecho “accionarial”
y la lógica de la multiplicación rápida de las inversiones
financieras –que lo domina a todos los niveles- no tiene nada de
común con la lógica precedente. Es bajo la luz de este dato
que hay que considerar nuestro problema. Es tarea de los ciudadanos el
alzarse contra un intento cínico de desvío de la riqueza,
con el apoyo del gobierno. Si aceptamos someternos a esto, el hecho quedará,
por mucho tiempo, irreversible. Es el porvenir lo que está en juego.
...
*Profesor
emérito de economía en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne,
traducción Demetrio Patocho