Los actuales modelos de prestaciones sociales: pensiones
En lo referente a pensiones, siguen el modelo establecido en el Código de Lovaina , el cual fija tres niveles en las prestaciones: a) Básico: es universal y cubre a toda la población, independientemente de que haya o no aportado cotizaciones a una cobertura de prestaciones. Los estados siguen el principio de solidaridad social. b) Profesional: sistemas de contribución, es decir, basado en las aportaciones de empresarios y trabajador@s. Existen diferentes regímenes: el general (trabajadores por cuenta ajena), el de autónomos (profesionales) y los especiales, como el régimen de empleadas de hogar, el del mar, el de los futbolistas, etc. Las cotizaciones (contribución) de cada parte, empresarios, trabajadores, profesionales, etc. vienen fijadas por ley. Esta contribución da derecho a unas prestaciones. c) Libre: el que cada persona “puede crearse”, con independencia de si está cubierto por el segundo nivel.

Los modelos de prestaciones de Pensiones
En EEUU y Canadá, el sistema de pensiones se basa en un mecanismo de solidaridad pura; es decir, lo que hacen los estados en este caso es cubrir solamente los supuestos de absoluta necesidad, y el resto corresponde a la iniciativa privada (sea por la vía de las empresas, sea por la vía de las aportaciones individuales a sistemas de pensiones). Es, por tanto, un enfoque absolutamente individual y voluntario, aunque no excluye una base de solidaridad. El caso de Chile, desde 1981, es paradigmático: se eliminó totalmente el esquema público de prestaciones basado en el sistema de reparto y lo transformó en privado, obligatorio y de capitalización. Con posterioridad otros países del área adoptan el mismo modelo bien total o parcialmente, como Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, México, Brasil y Perú, y es el que se implantará definitivamente en toda esta área geográfica.

El modelo Europeo se desenvuelve entre la libertad de mercado y la solidaridad. Una parte de Europa, terminada la guerra, adapta sus políticas sociales a los sistemas de protección que engloba el Estado Asistencial (pleno empleo, subsidios de desempleos, acceso a unos determinados niveles de consumo, educación, vivienda, seguridad social, asistencia sanitaria, etc.). En ambos sistemas, la tendencia es ir hacia una mayor potenciación de los sistemas de “libre elección”, bien de forma individual, bien a través de las empresas como los casos de Inglaterra, Suiza, Holanda, Irlanda, Dinamarca y Suecia. El giro radical se produce en los sistemas de pensiones de los países del Este (Polonia, Hungría, República Checa y Bulgaria) donde, como en el caso chileno, el sistema de reparto ha sido sustituido por uno de capitalización obligatorio de gestión privada y basado en cuentas individuales de l@s trabajador@s. Otros países de esta área (Croacia, Estonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia) están iniciando los estudios para reformar radicalmente también su sistema de reparto. Italia, Portugal y Grecia mantienen el sistema universal neto. Están amenazados y las tensiones sociales, sobre todo en Italia, son consecuencia de las reformas del sistema universal hacia sistemas de planes de pensiones privados. En el estado español conviven desde 1987 un sistema obligatorio público donde se encuentran comprendidos los dos niveles: básico y profesional, y un sistema “libre” o complementario. El sistema de Seguridad Social es la esencia del Estado Social según lo establecido en el artículo 1.1 de la Constitución “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico de libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Pacto de Estabilidad y reformas en las políticas de gasto
La UE en su Conferencia de Amsterdam de junio de 1997, define los déficit públicos como el problema central. La Europa de los quince acuerda un “pacto de estabilidad” consistente en mantener una disciplina presupuestaria para siempre. (...) El déficit público (la diferencia entre ingresos y gastos de los estados) debe estar por debajo del 3% del PIB. En el caso del estado español, la tasa de paro dobla la media europea. Si además sumamos el envejecimiento de la población y el crecimiento de pensiones, el problema social puede llegar a adoptar tensiones y conflictos de cierta envergadura. Pues los estados no pueden intervenir a través de políticas monetarias (devaluación de sus monedas, por ejemplo) y no tienen ninguna intención política de intervenir en las políticas de ingresos (aumento de la presión fiscal sobre los capitales, los beneficios, las rentas altas, las rentas financieras y/o establecer políticas radicales de lucha contra el fraude fiscal, focalizado en las rentas altas).

Las consecuencias de las políticas monetaristas, -en la zona europea la imposición del euro es su expresión y dimensiona las mismas, “obligan”, entre otras cosas, a debilitar los sistemas de protección social (prestaciones de desempleo, educación, servicios públicos, pensiones, sistemas sanitarios, etc.), (...) con el fin de competir en esta economía globalizada con el otro bloque hegemónico y dominante, los EE.UU. La Comisión Europea en un reciente Informe, en mayo de 2003, insta a los Gobiernos de la Unión (tanto a los que forman parte de pleno derecho como a quienes optan a la entrada a este “club del capital globalizado”) a acometer profundas reformas en los mercados de trabajo y en la política de gasto social (prestaciones sociales). La Comisión alerta del “peligro de que en las próximas décadas se produzcan desequilibrios financieros”. Concentra el riesgo en Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria y Portugal. Todos estos países corren riesgos de llegar a porcentajes “insostenibles” de deuda pública, multiplicando por tres, cuatro o cinco veces el límite establecido en Maastrich -60%. El pacto de Estabilidad, saltaría por los aires. ¿Qué recomienda, obliga? Que los gobiernos de la Unión se “concentren” en el gasto de las pensiones y el sistema sanitario; mejorar el mercado de trabajo por medio de una prolongación de la vida laboral; reducir la deuda y el déficit. Según la Comisión, para el caso español, en lo referente al futuro de las pensiones, los cálculos del Ministerio de Trabajo y los de la CE, son bastante dispares. Ni siquiera se ponen de acuerdo en el % del PIB que supone el gasto actual en pensiones; menos aún las proyecciones de unos y otros.

Degradación de los sistemas de protección
La degradación de los sistemas de protección está cantada. Los ritmos de dicha degradación dependen de factores políticos tales como el grado de legitimidad social, el papel de las organizaciones de izquierda y de los sindicatos, los cuales pueden y son elementos de la globalización y al mismo tiempo son disfuncionales para el sistema en la medida que se enfrentan y no cooperan. Lo que sí anuncia el Pacto de Estabilidad es una tendencia clara de un cambio de orientación en las políticas de protección social, la cual, desde el enunciado ideológico se rige por el principio neoliberal de asistencialismo de la protección básica que se da a l@s ciudadan@s de los países, acompañada de la mercantilización de la protección adicional (planes privados de pensiones, seguros, etc.) para aquellos sectores sociales instalados e integrados, junto con la territorialización de la protección social y expulsión de los inmigrantes de los beneficios de la misma.
Desde esta concepción, la protección social no se otorgaría a un sujeto político, el ciudadano/a, que por el simple hecho de ser ciudadano, tiene derecho a la prestación social, sino que ahora se presenta a l@s beneficiarios de prestaciones como usuarios o consumidores de un servicio. Las prestaciones son consumidas, dejando de ser necesidades sociales que hay que cubrir, y de esta manera “mágica” entran en el mercado de bienes y servicios y en consecuencia el “mercado es el mejor medio de asignación de recursos”. La apuesta por la mercantilización abarca cualesquiera de los aspectos de la protección social. ...

* Resumen Demetrio Patocho