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PEPÍN
A primeros de julio, cuatro personas vinculadas a colectivos y organizaciones libertarias eran detenidas en Valencia por la policía acusadas de numerosos sabotajes y del envío de un paquete bomba. Tras aplicárseles inicialmente la ley antiterrorista y ser incomunicados en dependencias policiales, los detenidos pasaron ante un juez de la audiencia nacional en Madrid, que ordenó el encarcelamiento de dos de ellos, aunque rebajando las acusaciones. Como ya ha sucedido en anteriores y numerosas ocasiones, el ritual de la criminalización se volvió a producir. Pese a que a los pocos días parte de las acusaciones se habían desmoronado, han sido casi únicamente las informaciones policiales, que llegaron a hablar de “terrorismo anarquista”, las difundidas por los medios de comunicación de masas. Y eso que por segunda vez en menos de un año la audiencia nacional ha desechado los cargos de terrorismo imputados a libertari@s en Valencia.
El pasado 24 de mayo una carta bomba dirigida a la organización fascista España 2000, explotó en la oficina central de correos de Valencia, hiriendo a cuatro de sus trabajadores (uno de ellos tuvo que ser hospitalizado). En plena campaña electoral de las municipales y autonómicas, el suceso creó cierta alarma en la ciudad. Ese mismo día, Juan Cotino, delegado del gobierno en Valencia, acusaba genéricamente, a través de los medios de comunicación, al “movimiento anarquista” de ser el responsable del envío del paquete explosivo. Tras estas declaraciones, los colectivos alternativos y antiautoritarios valencianos se esperaban detenciones y una nueva campaña criminalizadora.
Así que no fue una sorpresa cuando el 7 de julio, agentes de la Brigada Central de Información de Valencia detuvieron a dos jóvenes (Amanda C. G., de 26 años y su compañero Eduardo A. S., de 20) pertenecientes a grupos libertarios, a los que inmediatamente, a través de la prensa, las autoridades hicieron responsables del envío del paquete bomba. Los detenidos, tras aplicárseles la ley antiterrorista, fueron incomunicados en la jefatura superior de policía y tras varios días de interrogatorios fueron trasladados directamente a los juzgados de la audiencia nacional. Ese mismo día, policías de paisano encapuchados y antidisturbios fuertemente armados, en un amplio despliegue, registraron varias viviendas y el local del Ateneu Llibertari de El Cabanyal (en el barrio del mismo nombre) de los que se llevaron numerosos documentos y materiales de colectivos anarquistas y alternativos (básicamente la CNT y la Cruz Negra Anarquista) que tienen su sede en el ateneo.
Por su parte, el delegado del gobierno en Valencia comenzó a especular en los medios de comunicación sobre conexiones internacionales de los detenidos con “terroristas anarquistas”. El responsable policial vinculó igualmente a los detenidos, además del envío del paquete bomba, en “todos los actos violentos que han ocurrido en Valencia en el último año o año y medio”. También afirmó que la policía llevaba cinco meses siguiendo a estas dos personas e informó que habían viajado a Italia o que habían participado en las movilizaciones contra la cumbre de jefes de estado de la UE de Salónika, Grecia.
Tras estas primeras detenciones, al día siguiente la policía, supuestamente en base al material incautado en el ateneo, detuvo, en dos localidades cercanas a Valencia, a dos personas más, acusadas de actuar “como colaboradores” y les aplicó también la ley antiterrorista. Sus viviendas fueron igualmente registradas.
Sin embargo ya el 9 de julio, uno de estos dos últimos detenidos quedó en libertad. El otro fue trasladado a Madrid para declarar ante la audiencia nacional. En los ambientes antiautoritarios valencianos, durante varios días se temieron más detenciones, pero finalmente éstas no se produjeron. La policía destacó de entre los objetos encontrado en los numerosos registros, “la existencia de panfletos revolucionarios e información de actividades llevadas a cabo por el grupo, cadenas y una máscara antigás”
Prisión para dos detenidos
El 11 de julio, el juez de la audiencia nacional Guillermo Ruiz Polanco, en ese momento de guardia, imputó a Eduardo y Amanda el envío de una carta-bomba y la quema de una excavadora en Valencia, y decretó prisión incondicional para ambos. Según la prensa, en sus declaraciones ante el juez, Amanda se confesó autora del envío de la carta-bomba y Eduardo indicó que conocía los hechos pero que no participó en ellos. Ambos, en su testimonio, relataron las torturas sufridas a manos de la policía. De hecho, Eduardo, que padece asma, tuvo que ser trasladado al hospital por la policía durante los interrogatorios bajo incomunicación. El magistrado dejó en libertad al tercer detenido, Miguel M. F., sindicalista de CNT, por considerar que no tuvo ninguna participación en los hechos ya que la única relación presentada por la policía era que hace dos años se encargó de contratar una línea ADSL para el centro social Malas Pulgas.
Posteriormente Ruiz Polanco se ha inhibido del caso en favor del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la audiencia nacional, dirigido por el juez Juan del Olmo y que ya instruye el sumario abierto en mayo tras la explosión de la carta bomba. Éste a su vez remitirá el caso a los Juzgados de Valencia, que serán finalmente los que investiguen el caso ya que, al parecer, aunque el delito por el que Eduardo y Amanda han ingresado en prisión es el genérico de terrorismo, finalmente puede quedarse en un delito de daños contra el patrimonio y otro de lesiones, según fuentes jurídicas.
En esa línea, a finales de julio, la fiscal del caso desechaba los cargos de terrorismo para los detenidos y pedía a la audiencia nacional que se inhibiera en favor de los juzgados de Valencia. Según la fiscal Olga Sánchez, los hechos no son constitutivos de un delito de terrorismo ni los tres detenidos forman o pertenecen a banda armada ya que “no se puede considerar banda armada un grupo de amigos que coloca un artefacto (...) para llamar la atención sobre alguna reivindicación, máxime cuando no tienen una estructura jerárquica, permanencia en el tiempo, existencia de armas y explosivos de entidad para la comisión de hechos delictivos”. La fiscal respaldó sin embargo la prisión provisional para dos de los detenidos.
Más intentos
crimnalizadores
Durante esos días, la prensa valenciana, pese al secreto de sumario
impuesto por el juez, comentó múltiples detalles de la
investigación y, como suele hacer, dio por buena la versión
policial. Así, las acusaciones policiales, dirigidas a crear
alarma social, colocaban a la opinión pública en una postura
contraria y de desconfianza hacia cualquier persona o movimiento contestatario.
Este mismo proceso paralelo volvía a repetirse días más
tarde cuando numerosos medios de comunicación se hacían
eco de que “fuentes judiciales y policiales” vinculaban a
los detenidos por la carta bomba de Correos con la detención
y posterior encarcelamiento el año pasado de cuatro jóvenes
del Centro Social Malas Pulgas (ver MOLOTOV anteriores) acusados de
atacar inmobiliarias. Según lo recogido en la prensa, este último
caso sigue abierto y medios policiales afirman “que el origen del
sobre-bomba está en el C. S. Malas Pulgas” desalojado en
octubre de 2002. De hecho, el titular del juzgado de instrucción
2 de Valencia, que lleva esta causa, va a llamar a declarar a nuevos
testigos que podrían comparecer en calidad de imputados. Por
cierto, el juez valenciano, conocido como “el pequeño Garzón”,
consideró que las acciones de las que acusaba a los cuatro “okupas”
eran terrorismo y se inhibió a favor de los juzgados de la audiencia
nacional, en Madrid. Meses después, el tribunal especial rechazaba
el caso y remitía a Valencia el sumario al entender que no se
trataba de un delito de terrorismo. El juez valenciano, que mantiene
su tesis, apeló al Tribunal Supremo para que resolviera un conflicto
de competencias. Mientras tanto, el caso Malas Pulgas sigue abierto,
aunque ralentizado.
La solidaridad
y las protestas
Las iniciativas en solidaridad con l@s detenid@s no se hicieron esperar
y a las pocas horas de las primeras detenciones, unas 50 personas se
concentraban en Valencia. En esta misma ciudad se han repetido los actos
de protesta. En Alicante, Palma de Mallorca y otras localidades se han
desarrollado otras concentraciones. En Madrid, una concentración
de apoyo a los detenidos en Grecia (más información en
estas mismas páginas) y de Valencia, en la que participaron unas
200 personas, fue disuelta con una carga policial que provocó
numerosos heridos y siete detenidos.
Para escribir
> Eduardo Alonso Sánchez
C.P. Madrid II, Carretera de Meco km.5. Alcalá de Henares -Madrid-
> Amanda Cerezo García
C.P. Madrid I Prisión de mujeres, Carretera de Meco km.5 Alcalá
de Henares -Madrid-