Caza y captura
El FR-91 (nombre científico del Bio-Bac) fue descubierto por Fernando Chacón en 1962 y comercializado como fórmula magistral desde 1967. En el año 1990 la nueva Ley del Medicamento decía que toda fórmula magistral había de adquirir la categoría de fármaco. Para ello había que hacer pasar al FR-91 por una serie de pruebas, ensayos preclínicos y clínicos, que demostrasen que su consumo no implicaba daño alguno para la salud (su inocuidad) y su eficacia terapéutica. Y la familia Chacón se embarcó en esa empresa.

Antes de seguir, un dato importante: Bio-Bac fue recetado por la Seguridad Social desde 1976 hasta 1992. Ese año fue retirado de la Seguridad Social por decreto y sin explicación científica que avalara esa decisión, la cual fue recurrida ante el Tribunal Supremo sin que todavía, diez años después, haya habido sentencia.
Embarcada la familia Chacón en la empresa de lograr que se autorizase el Bio-Bac como medicamento, superan con éxito las pruebas preclínicas y reciben, en 1992, la autorización de los hospitales Ramón y Cajal y Severo Ochoa para llevar a cabo la primera de las tres fases de que constan los ensayos clínicos, que se realizan con seres humanos. A pesar de ello, nunca se pudo empezar la Fase I porque el entonces Subdirector General de Evaluación de Medicamentos, Fernando García Alonso, prohibió que se continuasen las investigaciones.

¿Por qué se prohibieron los ensayos en Fase I? Toda la documentación presentada era correcta y dos de los mejores hospitales del estado español estaban de acuerdo en comenzarla. Los ensayos en Fase I evalúan posibles efectos secundarios del producto en voluntarios sanos. ¿Cómo es posible que esto se prohibiera si el Bio-Bac llevaba decenas de años siendo prescrito a humanos sin que nunca hubiese aparecido efecto secundario alguno?

Se tiene constancia de que Francisco Salmerón, Jefe de la División de productos biológicos, desde el Ministerio de Sanidad, el 6 de marzo de 1992, dirigió un fax a Cristina Avedaño, asesora de la Dirección General de Farmacia, para que actuase en contra de la realización de las pruebas científicas al Bio-Bac. Un dato quizá relevante en el caso Bio-Bac: la entonces Directora General de Farmacia, Regina Revilla, es hoy directora de Relaciones Externas de la farmacéutica Merck Sharp & Dohme de España, S.A

Seguimos: una vez que Rafael Chacón, hijo del descubridor, vio a las claras que la intención de la Agencia Española del Medicamento era impedir que se realizasen los ensayos clínicos al FR-91, marchó a Alemania y Bélgica, donde, en tan sólo dos semanas, obtuvo el permiso para comenzar los ensayos en Fase I. ¡Sorprendente!, ¿no?. A día de hoy, el Bio-Bac tiene dos Fases III terminadas y certificadas en artrosis y sida. Y demostrada su eficacia en cáncer y hepatitis c en Fase II, habiéndose retrasado el inicio de la Fase III por problemas económicos. Huelga decir que todos los ensayos clínicos se han realizado en el extranjero.
Un producto eficaz contra el cáncer y el sida es lógico que hiciera temblar el negocio de las multinacionales farmacéuticas, que obtienen grandes beneficios con la venta de sus productos para el tratamiento convencional del cáncer (quimioterapia). Es por esto que hubo dos intentos de compra de la patente por parte de dos multinacionales. Uno en la década de los 70, por quince mil millones de las antiguas pesetas, y otro, a mediados de 2001, unos meses antes de que empezase la caza del Bio-Bac.

Nunca se llegó a un acuerdo porque las multinacionales no aceptaron dos condiciones de la familia Chacón: una, que el precio fuera asequible para la gente (la primera vez se fijó en 900 pesetas) y, dos, que en el plazo de dos años el Bio-Bac estuviera comercializándose en las farmacias de todo el mundo. Fernando Chacón sabía que si vendía la patente sin condiciones podían meter su descubrimiento en una caja fuerte y no darlo a conocer ¿Por qué? Fácil: era más rentable mantener los tratamientos convencionales.

¿Qué multinacionales fueron las que intentaron comprar la patente? Hasta ahora no se ha desvelado, pero seguro que están en el grupo de las 10 grandes farmaceúticas que acaparan casi el 60% del mercado mundial de medicamentos: Pfizer+Pharmacia, GlaxoSmithKline, Merck&Co, Bristol-Myers-Squibb, Astrazeneca, Aventis, Johnson&johnson, Novartis, Wyeth o Eli Lilly.
Meses después del segundo intento (fallido) de compra de la patente, el 4 de marzo de 2002, el subdirector general de seguridad de la Agencia Española del Medicamento (AEM), Ramón Palop, denuncia el Bio-Bac ante la Guardia Civil alegando que el producto se vendía sin la pertinente autorización administrativa. La Guardia Civil le respondió que no tenía competencia para actuar, porque lo de que faltara un sello que autorizase la venta de un producto era un simple delito administrativo.

El 30 de mayo Palop vuelve a la carga. Dirige un nuevo escrito a la Guardia Civil diciendo que el Bio-Bac puede producir un grave riesgo para la salud (esto ya entra en el ámbito de lo penal y la guardia civil sí puede intervenir). Un producto recetado por la Seguridad Social durante decenas de años, sin que nunca hubiera habido en paciente alguno reacción adversa, entrañaba, ahora, ¡un grave riesgo para la salud!
La Guardia Civil pone el caso en manos del Juzgado de Instrucción nº° 2 de El Escorial, y su titular, Patricia Búa, da luz verde a la Operación Brujo.
Hoy no hay lugar a dudas: el Bio-Bac nunca contuvo sustancia peligrosa alguna para la salud y los médicos que lo prescribían nunca recomendaron a su pacientes abandonar otros tratamientos (otra de las acusaciones de Palop).

La losa del olvido
El tiempo pasa y todo sigue igual porque el gobierno ha cerrado filas en torno a la amiga de Rajoy, Ana Pastor (ministra de sanidad), la mejor situada para suceder a Fraga como candidata en Galicia. Parece que la consigna es evitar que se empañe la reputación política de esta mujer que fue subsecretaria de Interior cuando Mariano Rajoy era Ministro de Interior.

No obstante, Ana Pastor, Fernando García Alonso y Ramón Palop han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Denuncia que no ha sido atendida por estar el caso Bio-Bac sub-iudice pero que, en cuanto Patricia Búa se pronuncie, seguirá su curso. Quizá por eso, más de un año después de la Operación Brujo, la jueza de El Escorial no se ha pronunciado. Que pase el tiempo, que el asunto se enfríe y que todo se olvide ¿Se trata de eso? Por cierto, ¿cuánta gente se ha enterado de lo acaecido en torno al Bio-Bac durante este año?

Salvo en los primeros momentos (octubre de 2002), en que se anunció a bombo y platillo la desarticulación de una organización de estafadores que se aprovechaba de gente desesperada, casi nada de cobertura (salvo honrosas excepciones). Es de destacar la cobertura dada por El Mundo a favor de la presunta actuación ilegal de la Agencia del Medicamento. Al respecto de la información sobre el Bio-Bac, José Antonio Campoy, decía en un editorial: “la inmensa mayoría de los medios de comunicación silencian lo que está pasando, presionados por la gigantesca maquinaria de la industria farmacéutica. La amenaza de retirarles la publicidad que controlan vuelve a muchos empresarios de la comunicación cobardes y cómplices (...) Nadie quiere quedarse sin el dinero de las campañas publicitarias” (DiscoveryDsalud, nº°52, julio-agosto de 2003).

Las personas que llevan luchando por la liberación del producto incautado no dejarán de hacerlo; les va la vida en ello. Pero la sociedad toda debería estar involucrada para exigir que la jueza que lleva el caso actúe de inmediato, que a los responsables de la Agencia del Medicamento y del Ministerio de Sanidad en esta caza y captura de un producto que amenaza los pingües beneficios de las multinacionales farmacéuticas les caiga todo el peso de la ley, que se realicen los ensayos clínicos que nunca permitieron ciertas personas de la AEM para autorizar como fármaco al Bio-Bac, que la gente pueda tener acceso al producto, cargando su coste a la Seguridad Social, y que se siga investigando a partir de él con el fin de evitar las decenas de miles de muertes que todos los años se producen en el estado español por cáncer. El éxito depende de la movilización social que seamos capaces de articular entre todos.

>>La batalla de los afectados

Datos de interés
> Dirección de la Asociación de Consumidores Bio-Bac: Apartado de Correos nº 159. 28900 Getafe (Madrid) y C/ Alenza, 13, Madrid.
E-mail: asociacion@consumidoresbiobac.org

> Sitios web imprescindibles: http://www.consumidoresbiobac.org; www.dsalud.com; www.biobac.com;

> Texto de referencia: Benjamín Forcano, Las Cartas boca arriba, Edit. Nueva Utopía, Madrid, 2003. Para obtener el libro y/o distribuirlo: Editorial Nueva Utopía. C/ Fernández de los Ríos, 2, 3° izq. Madrid.