DEMETRIO PATOCHO*
El punto central del conflicto en Bolivia es que la mayoría del pueblo boliviano y sus organizaciones sociales son conscientes de que les fue quitada una importante riqueza nacional: el gas. Sánchez de Lozada, en su anterior gestión, cambió la Ley de Hidrocarburos en 1996 e impuso, días antes de salir del gobierno en 1997, el Decreto Supremo 24.806, que quita la propiedad de los hidrocarburos al estado. Las consecuencias de esta política de privatización, según las organizaciones sociales bolivianas, son:

1. Bolivia ya no es dueña de sus recursos en gas y petróleo, incluidas las reservas, cuyo valor está calculado en más de 100.000 millones de dólares.

2. Los bolivianos pagan a precios internacionales sus propios hibrocarburos. Antes de 1996, los precios se calculaban según los costos de producción nacional; actualmente, los bolivianos, deben comprar el gas y petróleo de las transnacionales como si los importaran. Los costos de producción (incluido el transporte interno) por barril de petróleo no superan los siete dólares. Mientras, el Estado en Bolivia le reconoce a las petroleras el precio de 29 dólares por barril de petróleo.

3. Las multinacionales han logrado una rebaja en la tasa impositiva. Actualmente, más del 95% de los campos hidrocarburíferos de Bolivia ha sido declarado ilegalmente como “campos nuevos”, y las empresas que explotan estos campos sólo pagan un impuesto mínimo del 18% (tasa impositiva que está entre las más bajas del mundo). Esta situación causó una reducción drástica en los ingresos al estado boliviano, quien con anterioridad recibía un total de 50% de los impuestos a las empresas extranjeras. Antes, el sector hidrocarburífero aportaba anualmente un promedio de 350 millones de dólares. En los últimos años, las 26 empresas petroleras transnacionales que operan en el país sólo han dejado un promedio de 120 millones de dólares por año (incluyendo las exportaciones de gas a Brasil desde 1999).

4. El proyecto “Pacific lng” (propiedad de Repsol YPF y British Petroleum), detonante de las protestas, es considerado como un engaño. Bajo la actual ley, las ganancias de las transnacionales en este gigantesco proyecto llegarán a unos 1.000 millones de dólares al año, según E. Miller, presidente de British Gas en Bolivia, mientras que los ingresos para Bolivia no pasarán de 50 millones de dólares al año, según datos del gobierno anterior. Ya en 1994, antes de la privatización y la nueva Ley de Hidrocarburos, existía una Carta de Intenciones para vender gas a Chile. Esa venta, a los precios actuales que paga Chile a Argentina, con el 50% de ingresos por impuestos, hubiera aportado a Bolivia alrededor de 5.000 millones de dólares, que es cinco veces más que lo que el actual negocio privatizado dejaría al país.

5. Un ejemplo de las campañas de convencimiento. El Banco Mundial prestó al gobierno boliviano nueve millones de dólares para realizar “400 cursillos” y para impulsar campañas publicitarias sobre “las bondades del proyecto” en los medios masivos de comunicación, mientras el mismo gobierno ya manifestó que “no realizará ninguna consulta” y que se trata de sus propias “decisiones políticas”, sin necesidad de tomar en cuenta la opinión del pueblo.

*Fuentes: movimientos sociales bolivianos