El después de las movilizaciones de 2001
Muchas personas, después de los encierros, trasladaron sus protestas a las plazas de Barcelona, haciendo acampadas. Fue en agosto, mes de vacaciones. Fue en agosto cuando la policía acorraló a mucha gente en las plazas, las detuvo y las expulsó sumariamente. Sobre todo a los marroquíes, por lo barato que les sale el viaje en furgón. A los demás les quedó un decreto de expulsión y una prohibición de estar en este país durante cinco años.

Después de estos hechos se realizaron encuentros y promesas de coordinación entre administraciones. (...) Todavía no existe en Barcelona un centro de acogida ni un plan respecto a la necesidad de vivienda. La gente vive hacinada en las casas de sus familiares, puesto que (...) son sospechosos y se les deniega la posibilidad de alquilar una vivienda. Las formas de denegar este derecho son variadas, incluyendo los actuales precios de las viviendas. En este sentido, el grupo de inmigración de Sodepau hemos realizado un estudio: de los últimos dos años, sobre un total de 1.800 demandas de vivienda de alquiler, solamente se pudieron realizar 65 contratos, el resto de personas están viviendo como pueden y donde pueden.

Entre otros lugares, muchas personas están viviendo en los cuarteles de Sant Andreu [según la Cruz Roja, estos cuarteles, de unos 100.000 metros cuadrados, están sin electricidad ni duchas y con un sólo punto de agua]. Según el censo realizado por la asamblea “papers per a tothom”, en junio vivían alrededor de 600 personas. Eran de colectivos diversos: del este, subsaharianos, latinoamericanos, marroquíes y argelinos, hasta un total de 20 nacionalidades distintas. Además, también existía un grupo de personas que provenían de Italia, Francia, Catalunya. Algunos formaban parte del colectivo okupa y fueron quienes iniciaron la defensa legal contra el Ministerio de Defensa.

La convivencia en el barrio se hizo bastante difícil durante este tiempo. Las asociaciones de vecinos han realizado varias protestas por la situación de dejación de los cuarteles, así como la inoperancia de las Administraciones. Material de cultivo de conflictos vecinales, no fue posible realizar las mediaciones entre el vecindario y los prejuicios saltaron a las calles y el miedo también. Los inmigrantes tenían miedo de los vecinos, los vecinos de los inmigrantes. Pero también estaban otros vecinos, los que organizaban directamente las jornadas de limpieza, de fútbol, de distribución de comida. Y la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas apoyó la comisión para solicitar un desalojo pero garantizando un realojo digno para las personas. En esto estaban de acuerdo todas las partes: se quieren infraestructuras para el barrio, es una vieja reivindicación. Y también los inmigrantes prefieren vivir en casas con luz y agua y un poco de intimidad.

El juicio
En julio se realizó el juicio por el desalojo, y la juez decidió que no se procediera a ningún derribo por parte de la Administración, así como tampoco ningún desalojo, hasta septiembre.

Pero llegó agosto (...). Se acaban las escasas y escuetas garantías durante éste mes. El 7 de agosto se convocó, por diversas organizaciones, una concentración para exigir una solución a la situación que se estaba viviendo en los cuarteles: no se estaba cumpliendo la orden judicial, se estaba viviendo el acoso policial dentro de los cuarteles y se estaba comenzando una campaña de expulsiones. Se exigía el cumplimiento de los compromisos del realojo.

Cuando se acabó la concentración, Yerko Toro, uno de los portavoces de los inmigrantes de los cuarteles estaba recogiendo las pancartas. La idea era que todos fueran juntos en el metro de vuelta a los cuarteles. Pero él se demoró un poquito. Y fue cuando los policías de paisano le detuvieron, sin que nadie se enterara. Estuvo tres días incomunicado hasta que el abogado de oficio que le designaron se puso en contacto con la plataforma de apoyo.

En 48 horas, Yerko, en situación de privación de libertad e incomunicado de hecho, tuvo un decreto de expulsión sumarísimo. Yerko estaba tramitando la renovación de su permiso de trabajo y residencia. Es decir, tiene, según la propia ley de extranjería, todos los derechos de los españoles excepto el de votar. Pero Yerko no tuvo ningún derecho: el juez dictó el internamiento ante la existencia de una expulsión y porque consideró que los cuarteles no son domicilio fijo. Los recursos se realizaron pero los jueces (en agosto) van más lentos que de costumbre. Finalmente, en el proceso del recurso contra el decreto de expulsión, el Tribunal Superior de Justicia decreta la suspensión de la orden de expulsión, pero, ante nuestra incredulidad, el juez encargado del “internamiento” decidió no ponerle en libertad puesto que el Estado tenía derecho a un recurso, y claro, si se hacía el recurso y le daban la razón al Estado, era muy posible que Yerko escapara de la acción de la justicia...

Desde el 7 de agosto hasta el 8 de septiembre, Yerko estuvo detenido en el Centro de Internamiento de la Verneda, en Barcelona. Las condiciones de su detención han sido narradas por él mismo. Nos hablaba de tanta gente que pasaba por allí, sin abogados, llevados como ganado a otros destinos sin que nadie se enterara de su suerte. Contabilizó hasta un centenar de personas que vivían en los cuarteles y que fueron expulsadas durante agosto, sin que nos enteráramos pero también a plena luz del día. (...) Las vulneraciones de los derechos humanos son tan inenarrables que cuesta poder escribirlo. (...)
Si eres una persona extranjera [no europea], eres trabajador/a , y te topas con la policía en el mes de agosto, te acaban convenciendo mediante hechos contundentes, de que no eres nada, no eres nadie y además nadie se enterará de lo que te suceda. (...)

Desde Chile, el padre de Yerko nos enviaba cartas de ánimo, nos contaba de las movilizaciones estudiantiles donde su hijo participaba, de las movilizaciones obreras donde él participa. (...)

El panorama actual
Mientras tanto, las expulsiones han rendido sus frutos y han reducido a menos de la mitad a los habitantes de los cuarteles.

En Barcelona, hoy, “fem-ho bé” significa haber reducido a escombros muchas de las habitaciones donde vivían, y para no verles deambulando por las calles o viviendo en los árboles les han expulsado, y para que no puedan jugar al fútbol se han dedicado a reducir el patio de juegos a un montón de piedras, a la vista y para que sirva de lección.

Y, ojo, si vas por Sant Andreu y te bajas del metro, no se te ocurra llevar “pintas sospechosas”: hay tres patrullas en las bocas del metro. Dicen que es para que te sientas más tranquilo.

* Del grupo de inmigración de Sodepau Barcelona y de la asamblea Papers per a tothom en apoyo a los habitantes de los cuarteles de Sant Andreu. Resumen de Demetrio Patocho