Las dificultades para la privatización
Los mayores inconvenientes que se ha encontrado el gobierno a la hora de privatizar Correos han sido, en primer lugar, las pérdidas que hasta 1999 generaba (15,9 millones de euros). Pero desde entonces, si damos por buenas las cifras que da Correos, se han multiplicado los beneficios llegando a los 82,7 millones en 2002 gracias a la reducción de plantilla (a través de pases a otros Ministerios y de la no cobertura de vacantes y jubilaciones) y contratación insuficiente. Con el consiguiente aumento de productividad, pues el número total de envíos postales, actividad principal de Correos, no ha dejado de crecer (más de un 20% en los últimos siete años), entre otros motivos, por el atraso tecnológico que arrastra España.

Otras causas-consecuencias del aumento de beneficios son el cierre de oficinas no rentables, el deterioro del servicio prestado, las subidas salariales por debajo del I.P.C. (Índice de Precios al Consumo) y aumento de la precariedad laboral de gran parte de la plantilla.

El otro gran inconveniente para la privatización es el alto número de funcionarios públicos que prestan sus servicios en Correos (41.253, 2/3 de la plantilla en 2002) y que, en principio, tienen garantizado el empleo por ley.

A la búsqueda de beneficios
Una de las líneas en las que está trabajando la dirección de Correos para facilitar la futura privatización es la diversificación del negocio para reducir el peso del servicio postal (más de un 90% de los ingresos) dada la previsible disminución de la utilización de estos servicios:

· Servicios bancarios. Al privatizar la Caja Postal de Ahorros, se ven obligados a buscar un socio privado, firmando un acuerdo en 1999 con el Deutsche Bank, aportando Correos, al cabo de 4 años, el 20% de los clientes de este banco en España y convirtiéndose en una de las cinco mayores redes de distribución de productos financieros en España (por debajo de sus previsiones).
· Red de Oficinas. Utilizarla como canal de comercialización de multitud de servicios: postales, cobro de recibos, bancarios y los que son fruto de acuerdos con otras empresas (El Corte Inglés, Unión Fenosa, etc.). A destacar la nueva red de Postal Transfer, oficinas dirigidas específicamente a los colectivos de inmigrantes en las que disponen de servicios como locutorio, acceso a Internet, transferencias electrónicas de dinero, además de los servicios postales.
· Paquetería. A través de Chronoexprés se ha pasado del 6% de cuota de mercado al 15% en tres años.
· E-business. Comercio electrónico. Apertura de la oficina virtual correos on-line.
· Filatelia.

Todos estos “negocios” se convertirán en nuevas divisiones, una vez desarrollados.
El mercado postal español está dominado por Correos con un 85%, el 15% restante se lo reparten 2.543 empresas (especialmente Unipost con el 7%, única con implantación estatal tras agrupar 180 pequeñas empresas). El abuso de esta posición dominante le ha acarreado multas millonarias (la última de 5.4 millones de euros en junio de 2003) por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia. Correos es la tercera empresa del país en número de trabajadores (detrás de Telefónica y El Corte Inglés) y la número 47 en ventas del Estado.

La reducción de plantilla se verá agravada por el plan de automatización (2001-2004). Las fuertes inversiones estatales en este plan (1.000 millones de euros) han conseguido aumentar la automatización de la clasificación del correo del 16% en 2000 al 50% en la actualidad. Las previsiones son del 80% a final de año y del 90% en 2004 cuando se de por concluido el plan. Evidentemente este plan traerá reducción de plantilla en clasificación (de hecho hace años que no se cubren vacantes) y grandes reestructuraciones en reparto. No es nada nuevo, dinero público para modernizar un servicio al que previamente se ha sometido a una mala gestión para justificar, una vez saneado y preparado para la competencia, la venta al capital privado.

Las condiciones del servicio
El aumento de la productividad, medido en número de envíos por trabajador/a, de un 25% en los últimos cinco años, ha tenido dos consecuencias fundamentales: la incapacidad para cumplir con el reparto diario, al estar la mayoría de las secciones sobredimensionadas y una sobrecarga de trabajo, con la tensión y el stress que implica, que ha desembocado en un empeoramiento de la salud del personal y un aumento del nivel de absentismo.

El cierre de oficinas es una constante desde hace varios años. Se cierran oficinas no rentables (especialmente en el medio rural) y se abren en centros comerciales, etc. Desde 1989 el número de puntos de atención al público ha disminuido un 22%, especialmente oficinas auxiliares, las de los pueblos, de las que han desaparecido más de un tercio en los últimos 5 años. Estas cifras hacen dudar de que se esté prestando un servicio de calidad, de forma permanente, en todo el territorio (art. 15.1 de la Ley Postal).

Las subidas de tarifas, muy por encima del I.P.C., con la excusa de que son las más bajas de Europa, se han hecho habituales en los últimos años. No se quiere asumir que también hay diferencias en otras cuestiones como nivel de vida, salarios, etc.

Otra consecuencia clara del proceso de privatización es la pérdida de derechos del personal funcionario de Correos, sufriendo discriminaciones para con el resto de la administración, un empeoramiento de las condiciones de trabajo y el aumento de la represión. Esta situación convive con el aumento de precariedad entre el personal laboral, sometido a contratos que duran días, que sustituyen temporalmente vacantes fijas, incumplimiento de la normativa de contratación, firma de convenios restrictivos, etc. Estudiando la evolución de la plantilla, queda de manifiesto la sustitución de empleo estable y con derechos por empleo de peor calidad.

Otra posibilidad que está explorando Correos para aumentar sus beneficios, trasvasando riqueza pública a manos privadas, es la venta de una parte de su patrimonio inmobiliario (7000 inmuebles), valorada entre 780 y 1100 millones de euros.

La defensa del servicio público
La Ley Postal de 1998 define el Servicio Postal Universal (S.P.U.) como los servicios postales (giro, cartas, paquetes de menos de 10 kg., certificados y valores declarados) prestados de forma permanente, en todo el territorio y a un precio asequible; todos los días laborables, al menos cinco días por semana, con una recogida y una entrega a domicilio, salvo excepciones. La misma ley fija la categoría de servicios reservados para el giro, la carta (nacional, internacional, certificada y ordinaria) de menos de 350 g. y el correo administrativo. Dichos servicios reservados, en teoría, servirían para compensar un S.P.U., que por definición, no es rentable económicamente, en un contexto en el que se equiparan los servicios a cualquier otra mercancía. Los servicios reservados a Correos, ya recortados, desaparecerán en 2009 coincidiendo con la liberalización total de los servicios postales. La subvención estatal para financiar el coste del S.P.U.
prácticamente ha desaparecido al verse reducida un 99,45 % desde 1997 (en 2003 ni siquiera llega al millón de euros). El cumplimiento de las exigencias del S.P.U. está en grave peligro. En CGT defendimos en su momento la cobertura total, por parte del estado, del déficit ocasionado por la prestación del S.P.U.

El modelo de servicio postal que defendemos pasa por su pervivencia como servicio público constituyendo un elemento de cohesión social caracterizado por su universalidad y no discriminación, por su calidad (reparto diario y plantillas suficientes) y por su asequibilidad.

* Sindicalista en Correos. Retoques: Demetrio Patocho