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La fiscalía de la Audiencia Nacional presenta unas pruebas escasas e inconsistentes en el juicio contra Eduardo García
IJANA CABARGA
“No lo sé. Puede ser. Si ahí lo dice, será. Después de tres años, mi cabeza deja mucho que desear”. Era la respuesta del Inspector Jefe de la Brigada Provincial de Información, responsable en su momento del seguimiento y detención de Eduardo García, a una pregunta formulada por el abogado del joven anarquista. No sería la única alocución de estas características que se pudo escuchar en las vistas orales del juicio contra García en la Audiencia Nacional, donde las contradicciones y –sobre todo–los fallos de memoria de los testigos policiales fueron una constante. Semejantes testimonios y la escasez y falta de consistencia de las pruebas presentadas por la fiscalía, avalan cada vez más la tesis de que este caso, repleto de irregularidades, tiene un carácter fundamentalmente político.
El 17 de noviembre, con una hora de retraso y un caos organizativo importante, comenzaron en el Juzgado nº 2 de la Audiencia Nacional de Madrid las vistas orales contra Eduardo García por unas cartas bomba enviadas a los diarios El Mundo y La Razón en 2000. Las sesiones, que se desarrollaron hasta el día 20 en una sala blindada propia de los casos de “terrorismo”, y tuvieron un carácter abierto, serán retomadas el 15 y 16 de diciembre, después de las cuales el juicio quedará visto para sentencia. Eduardo se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de cárcel por dos “homicidios en grado de tentativa” y cuatro más por “tenencia de explosivos”, a pesar de la fragilidad de las pruebas y la línea argumental de la acusación, que tiene todos los rasgos de burdo montaje. Las comparecencias de los testigos durante las vistas orales, no hicieron sino reforzar estas afirmaciones.
El fiscal de la Audiencia y la acusación particular, que representa los intereses del periodista de La Razón Alfredo Semprún, uno de los destinatarios de las cartas bomba, sostienen la hipótesis policial de que Eduardo García formaba parte de una activa célula anarquista junto a otras dos personas, Estefanía y José Manuel, relacionada orgánicamente con dos conocidos presos FIES, Claudio Lavazza y Gilbert Ghislain. Estos habrían ordenado el envío de los paquetes bomba y los tres jóvenes, con Eduardo a la cabeza, los habrían llevado a la práctica. Para probar esta tesis, el fiscal presentó como prueba principal la bolsa de pólvora encontrada en el registro de la casa del acusado, que tendría la misma composición química que la de las cartas bomba. Además, entiende que existe una relación temporal directa entre el envío de los paquetes y el intercambio de correspondencia entre Eduardo y Ghislain.
Este caso se juzga en la Audiencia Nacional porque alude supuestamente a delitos de “terrorismo”, y solo puede haber “terrorismo” si detrás existe un grupo estable, activo y reconocido. En este proceso sería la citada “célula anarquista”. Pues bien, en las vistas orales, solo uno de los muchos policías que declararon asumió como propia la hipótesis de la existencia de la célula, supuesto origen de los registros y detenciones. La mayoría se limitó a “cumplir órdenes” y su máximo responsable, el Jefe de la Brigada Provincial de Información, testificó esencialmente que él era una “mera correa de transmisión” entre sus agentes y el juzgado. Por su parte, tanto José Manuel como Estefanía indicaron que sólo conocían a Eduardo de vista y Claudio Lavazza que nunca había tenido contacto alguno con el acusado. El caso de José Manuel da muestra de la eficacia de la investigación policial, pues los agentes fueron a buscarle al domicilio de sus padres, donde no vivía desde hacía cuatro años. Gilbert Ghislain, con el que Eduardo llegó a tener una comunicación en la cárcel de Huelva, declaró igualmente que solo conocía al joven superficialmente y a través de una breve pero intensa correspondencia. El fiscal presentó en el juicio 22 cartas relativas a esta relación epistolar pero curiosamente no hizo ninguna pregunta sobre su contenido, a pesar de la supuesta conexión entre éstas y los paquetes bomba. La defensa, muy centrada y activa en todo momento, insistió en este detalle dado que en las misivas no había nada que pudiera avalar el argumento relacional. Recordemos que en el momento en que fue detenido, en noviembre de 2000, Eduardo desarrollaba un trabajo constante de solidaridad con las personas presas y de denuncia de las irregularidades penitenciarias.
Pólvora
A falta del testimonio de los peritos químicos sobre la composición
de la pólvora, que se producirá el próximo 15 de
diciembre, el interés se centró en estos días en
el origen de la bolsa supuestamente hallada en uno de los cajones del
cuarto de Eduardo durante el registro de su casa. El acusado, que en todo
momento declaró seguro y sereno, sostiene que el saquito de pólvora
apareció de repente en las manos de un policía y que jamás
la había visto antes. Ante la pregunta del fiscal de si estuvo
presente durante el registro de su domicilio, declaró afirmativamente,
pero también que era imposible controlar los movimientos de unos
catorce policías, que entraban y salían continuamente de
los cuartos. En el vídeo policial del registro, que pudo visualizarse
el último día del juicio, después de realizar un
recorrido por todas y cada una de las pegatinas y carteles de contenido
político que se hallaban en el cuarto de Eduardo, la imagen se
centra en la colección de escopetas de caza de su padre, para dar
paso a un fundido en negro y a continuación, enfocar las manos
de un policía con el paquetito de pólvora, que parecen salir
de la nada. Por otro lado, al menos en dos momentos de la cinta se aprecia
claramente como el policía de la cámara y un compañero
suyo se encuentran solos en la habitación del acusado, antes de
que ésta fuese registrada en presencia del secretario judicial.
Esa misma jornada realizaron su declaración tres peritos científicos:
un experto en ADN, otro en huellas y un grafólogo. El primero no
pudo realizar la prueba de saliva sobre los sellos de los paquetes bomba
porque las estampillas habían sido adheridas con pegamento. El
segundo declaró que de las ocho huellas dactilares encontradas
en los paquetes, sólo tres eran válidas y ninguna de ellas
pertenecía al acusado. Por último, el grafólogo,
al comparar la letra de Eduardo con la de las cartas reconoció
que no existía relación entre ambas.
Los damnificados por las cartas bomba testificaron el segundo día.
Semprún, además de dar cuenta del estado de nervios y neurosis
que le provocó el paquete, afirmó, a preguntas de la defensa,
haber recibido una segunda carta bomba después de que Eduardo fuera
detenido. El columnista de El Mundo Raúl del Pozo, por su parte,
declaró no comprender porqué fue el destinatario de uno
de los paquetes, cuando considera la cárcel como algo inútil
e incluso ha publicado un libro donde la critica abiertamente. Del Pozo,
que no ha presentado acusación particular, rechazó ante
los magistrados la indemnización que le correspondería si
la fiscalía ganase el caso.
El proceso de Eduardo García, que ya pasó un año
en prisión y en un primer momento fue acusado de la autoría
de otros tres paquetes bomba más, abrió en el año
2000 una etapa de procesos represivos a organizaciones y militantes anarquistas
que llega hasta hoy, aunque es el único que aún permanece
en la Audiencia Nacional. Para quienes asistieron a las vistas orales,
el caso es claro, porque la fiscalía no ha hecho otra cosa que
castillos en el aire y las pruebas de la inocencia del acusado son más
que evidentes, pero la última palabra la tienen los magistrados.
Y aunque le declararan inocente, ¿quién le restituye su
año de cárcel?