DEMETRIO PATOCHO

El panorama de la inmigración
Lo primero que se observa es el estrepitoso fracaso de todas las leyes de extranjería para frenar la inmigración, sobre todo la de personas sin la documentación adecuada. En octubre, el ministerio de interior contabilizaba 15.985 indocumentados detenidos este año, un 18,4% más que en 2002, en que se detuvo a 13.500 personas.

Tampoco es capaz la ley de acabar con la cara más salvaje de las pateras: el genocidio del Estrecho y Canarias, como denuncian los colectivos implicados. A principios de octubre, la cifra de víctimas en 2003 llegaba a 65, sin contar los desaparecidos. El 25 de octubre, tras el naufragio de una patera con 50 personas, sólo son rescatadas vivas cinco. El naufragio tiene lugar en la bahía de Cádiz, en frente de la base militar de Rota, y podría haberse evitado si los militares hubieran querido. La patera fue avistada, a la deriva, por un buque mercante, que dio la alerta, pero el rescate salió una hora más tarde por falta de medios.

Los esfuerzos de la administración por acabar con la inmigración no son capaces de ir por delante de un fenómeno en constante transformación. Si el ministerio de Interior despliega en la zona de Algeciras y Canarias un sistema de vigilancia por radar, el SIVE, para detectar las pateras, éstas alteran su recorrido, y desembarcan en las zonas que el SIVE no cubre. O cambian la metodología: el Estrecho sigue siendo lugar de desembarcos, pero en vez de llegar una sola patera, llegan varias de golpe, por lo que alguna pasará. Si se deporta a los adultos, migran los menores. El 24 de septiembre llegó a Tarifa una patera con 21 menores, el más pequeño tenía 13 años. Era la primera vez que tantos niños y adolescentes llegaban en una sola patera. Dos pateras más llegan en octubre, con un total de 49 menores.

Según la antropóloga Mercedes Jiménez, del colectivo Al-Jaima, “hasta finales de 2002, los menores emigraban principalmente como polizones en los barcos o escondidos en los bajos de los camiones. Desde enero de 2003 comienza (...) una novísima variante, “la paterización” de la migración de menores. ¿Quién apoya al menor en proyecto migratorio? ¿Forma parte la migración de los menores de una estrategia familiar? ¿Existe la decisión en el seno de la familia de apostar por el hijo menor de edad que tiene menos posibilidades de ser retornado, frente a los hermanos mayores, que sí pueden ser expulsados inmediatamente?. Indudablemente, sí. El chaval asume antes de tiempo un papel que no le corresponde, ser “el que saque a la familia para adelante”. Por primera vez, la migración de los niños forma parte de una estrategia familiar, como un día se apostó por el padre o por la madre”.

¿Cómo enfrenta el gobierno esta nueva situación? En octubre, el Fiscal General del Estado responde con la Instrucción 3/20031, en la que se posibilita el retorno en 48 horas a los menores que tengan más de 16 años. Saltándose la ley del menor, el joven marroquí es considerado antes inmigrante que menor a proteger.
Es en este contexto en el que la última ley de extranjería ha sido votada, con un 95% de respaldo por el parlamento. El tramite de su aprobación se cerró sin debate, al estar pactado por las fuerzas políticas mayoritarias, en lo que supone el primer gran pacto sobre la materia entre PP y PSOE.

Mientras, el gobierno ya negociaba, también con los sindicatos mayoritarios, el reglamento de aplicación de dicha norma, para que pudiese entrar en vigor en enero. No ha habido ninguna discusión en la sociedad sobre este nuevo marco legislativo, y ni mucho menos oposición, salvo las denuncias de las organizaciones de migrantes y los colectivos de solidaridad.

Y eso que la nueva ley introduce un gran salto represivo. Se adapta la norma a la orden de expulsión europea y se incluye a las empresas de transportes, que han de saber si sus viajeros tienen la documentación en regla, en la vigilancia de la inmigración. Las administraciones locales tienen que entregar sus datos (los del padrón municipal, por ejemplo) a la policía, al igual que el Instituto Nacional de Estadísticas. Se dificulta la reagrupación; se cierran las pocas vías que quedaban, las excepciones, para la regularización del migrante (desaparece la posibilidad de regularización por arraigo); y se abre un marco administrativo de segunda categoría para el migrante (tarjeta de identidad para extranjeros, frente al DNI). Todo se complementa con más medidas para perseguir la inmigración ilegal. No se incluye ni un solo artículo que mejore las condiciones de vida de los migrantes, ni se recogen aspectos relacionados con la sanidad, educación o vivienda.

La imagen que dan los medios
Este silencio ante la nueva norma se hace más comprensible si se analiza el comportamiento de las grandes empresas de comunicación de masas. Los medios tienen un papel fundamental en la construcción social de la imagen del inmigrante; imagen que se construye en base a una recurrente repetición de estereotipos deformantes.

El primero, las “oleadas” de inmigrantes que llegan a nuestras costas, obvia el hecho de que la mayoría de la inmigración, sobre todo la más reciente, proviene de los países del este de Europa y de América Latina. Y no vienen en pateras. Por eso la nueva ley de extranjería incluye a los transportistas en el control de la migración.

Otro tópico: las oleadas que desbordan los medios puestos para controlarlas. El colmo de la hipocresía lo marca el ministro de Interior, cuando achacaba la falta de medios a “un repunte migratorio”. El 8 de octubre, anunciaba que aumentaba las partidas presupuestarias destinadas a los procesos de expulsión, un aumento del 116% frente a 2002, año en que se cuadruplicó el presupuesto de 2001. Medios, claro que los hay, lo que no hay es la voluntad política para dirigirlos en determinadas direcciones.

Por otro lado, como denunciaba un miembro de la Cruz Roja de Algeciras, “la emergencia ya es cotidiana”, ya que llegan pateras casi todos los días desde hace años, y todavía no hay programas estables ante su llegada.

Y pasamos a otro tópico: de la oleada, se llega a la invasión. Se tiende a hablar de miles de inmigrantes que llegan, en un país que recibe al año unos 50 millones de turistas. Todo ello, sin olvidar que si al año son detenidos en las zonas del Estrecho y Canarias unos 15.000 irregulares, también hay expulsiones: en 2002 fueron 77.113 personas las expulsadas y para 2003, el gobierno espera llegar a las 90.000.

El inmigrante según las instituciones
Pero esta imagen distorsionada de la inmigración, además de banalizar la tragedia humana convirtiéndola en mero acontecimiento, permite ocultar las concepciones que desde las instituciones, obedientes a las directrices europeas, se tiene del fenómeno migratorio.

Por un lado, el migrante es visto como pura fuerza de trabajo. La nueva ley de extranjería sigue condicionando la obtención de los papeles a la oferta de trabajo (incluso para permitir la reagrupación familiar); el resto de criterios dependen de la discrecionalidad de la administración.

Y para cumplir mejor este papel, conviene que el migrante sea ilegal. ¿Por qué, si no, en la última reforma de la ley, el gobierno no ha incluido, como pedían los sindicatos, la posibilidad de que el trabajador migrante ilegal pueda denunciar a su patrón y así regularizarse, como ocurre con quien denuncie a las mafias de tráfico de personas o de prostitución? ¿Por qué, frente a las detenciones de inmigrantes indocumentados, las inspecciones de trabajo sólo han detectado, en 2003, 8.413 infracciones en las que hubiese trabajadores sin papeles? Quizás porque la bolsa de 500.000 ilegales que se calcula que existe actualmente, nutre una economía sumergida que representa el 23% del PIB. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el volumen de la economía sumergida ha crecido a la vez que la inmigración ilegal, y según la Comisión Europea, la inmigración se ha convertido en el principal acelerador de la economía sumergida en Europa. ¿Es por ello que la nueva ley no incluye nada sobre la regularización de la bolsa de ilegales ya presentes en el estado?

Esto explicaría el fiasco de la política de cupos. El cupo es el medio para regular la cantidad de trabajadores inmigrantes legales que la administración autoriza anualmente. En este año, en Madrid, los empresarios sólo han traído el 25% de las plazas posibles, y en 2002, sólo trajeron el 35%.

Pero disciplinar a esta fuerza de trabajo implica mucho control. Por ello, la segunda dimensión con la que las instituciones abordan la inmigración es únicamente la represiva. Las otras dimensiones de la inmigración no cuentan (la humana, la cultural, la social, etc.) o se dejan en manos de las ONGs.

Esa dimensión policial se justifica en la difusión de la idea “inmigración igual delincuencia”. Es la excusa para las recientes redadas masivas acontecidas en Madrid. El 26 de octubre, eran detenidas 49 personas (la mayoría, por indocumentadas), y retenidas otras 74 tras una redada masiva en los barrios de Usera y Arganzuela. El 23 de noviembre, en Costa Polvoranca, son 51 los detenidos, 50 de ellos por indocumentados, y se identifica y cachea a 1.050 personas. El 24 de noviembre, son 44 los detenidos en Coslada. En esta ultima redada, la policía grita en los locales visitados que “los españoles” salgan sin ser molestados.