Fue durante el año 1993 cuando me acerqué por primera vez a una de las reuniones de la Comisión de Defensa de los Inmigrantes de Aragón (CODIA). Había hablado antes con gente que colaboraba en ella y me habían comentado un poco lo que hacían y cómo trabajaban. Se reunían un día a la semana en los locales de la Federación de Asociaciones de Barrios, en San Vicente de Paúl, aunque a veces se tenía alguna otra reunión extraordinaria según los temas que se estuvieran llevando en cada momento.

La CODIA había nacido del movimiento que surgió durante la regularización de extranjeros que se dio en 1991 y 1992, a raíz de la entrada en vigor de la entonces nueva Ley de Extranjería de 1985, la primera que se redactaba sobre este aspecto dentro de la democracia y de cuya falta de solidaridad y presencia de numerosos párrafos denunciados por inconstitucionalidad se hicieron eco muchas personas y colectivos.

En Zaragoza, diferentes grupos de solidaridad y asociaciones de inmigrantes se habían unido en una sola plataforma para defender y denunciar las situaciones que en ese momento se estaban dando, para que se realizase una regularización justa, donde se tuvieran en cuenta muchas situaciones distintas, y siempre en defensa del derecho de las personas a elegir el lugar donde quieren residir (recogido en la carta de los Derechos Humanos, artículo 13).

El movimiento, a lo largo de los meses y de encontrados puntos de vista sobre cuáles eran las actuaciones más urgentes y las formas de trabajo más adecuadas, había cristalizado en una serie de temas, como la formación de una Escuela de Español, la búsqueda de un espacio físico dedicado a asuntos de inmigración y otras culturas (idea que tiempo después retomaría y diluiría el ayuntamiento con la creación de la Casa de las Culturas) y la atención y denuncia de las situaciones que se daban entre los inmigrantes que eran detenidos sin documentación en regla, además de intentar mantener siempre abiertas una serie de campañas de información a la opinión pública y de sensibilización permanente.

Cuando me incorporé, después de que hubieran surgido varias asociaciones independientes de inmigrantes y de que otras agrupaciones siguieran trabajando en el tema de la inmigración con una dinámica propia, el grupo se había reducido en la práctica, quizás, a unas quince personas, que se mantenían trabajando en lo comentado antes. A pesar de que no tenía conocimientos sobre legislación ni sobre otras cuestiones administrativas, empecé a colaborar en los temas de atención y denuncia de la situación de los inmigrantes detenidos sin documentación en regla, me pareció en ese momento una de las actuaciones más urgentes. Se trataba, sobre todo, de visitar y seguir los casos de aquellos extranjeros a los que se les había abierto proceso de expulsión y estaban en el Centro de Internamiento, denunciando siempre la situación en la que se encontraban.

La entrada en vigor de la Ley de Extranjería había supuesto que los extranjeros que entrasen en el Estado español debían cumplir una serie de requisitos muy exigentes, sobre todo si se quería residir y, más aún, si se quería residir y trabajar. Eso suponía, y supone también en la actualidad, que llegar con toda la documentación adecuada y en regla era extremadamente difícil, por no decir imposible en algunos periodos, especialmente si se viene de países económicamente débiles. En teoría, para hacer desistir del empeño en venir a quienes no tengan documentación y para castigar a los que lo incumplen, la ley recoge una serie de faltas graves y muy graves que tienen varias consecuencias, entre las que se encuentra la expulsión del territorio. Cuando la policía o la guardia civil detenía a un inmigrante, podía solicitar en la denuncia, según cuál fuese la falta (no olvidemos que se trata de un proceso administrativo y no penal), que el juez dictase internamiento mientras se decidía el proceso de expulsión. Este internamiento era preventivo y opcional, pero durante un tiempo parecía que fuese algo sistemático.

En Zaragoza, el Centro de Internamiento para Extranjeros estaba situado en el cuartel de la Policía Nacional de la calle General Mayandía, junto a la antigua estación de ferrocarril del Portillo. Este lugar se había habilitado, por decirlo de alguna forma, como centro de internamiento cuando entró en vigor la ley, pero carecía de cualquiera de los medios mínimos para mantener recluido a un grupo de personas, que a veces era bastante numeroso. Eran sólo un par de habitaciones en los sótanos, donde se amontonaba a la gente (había tres cuartos, pero uno se dejaba para mujeres, aunque en el tiempo que yo estuve acudiendo nunca las hubo) y un baño.

Para cada uno de los casos había que controlar que se cumplieran todas las medidas legales, que no permaneciera en comisaría más de setenta y dos horas, que tuviera asistencia letrada, que hubiese tenido un traductor si no hablaba correctamente el español (casi ninguno lo hacía), que conociera sus derechos y su situación, etc., eso sólo en el comienzo del proceso. Afortunadamente, una de las cosas que la CODIA había conseguido esos años, con la colaboración de un grupo de abogados, era que el Colegio de Abogados de Zaragoza abriera un turno de oficio dedicado sólo a extranjería, con lo que la asistencia legal podía estar cubierta. A pesar de ello, muchas veces nos encontrábamos con el desconocimiento de la ley o el desinterés de los abogados de oficio; en esos momentos, era fundamental el apoyo de los abogados que colaboraban en la CODIA.

Tras pasar un tiempo en comisaría, si se había solicitado su expulsión y según qué juzgado la estaba tramitando, muchos de los extranjeros acababan en el centro de internamiento. Eran privados de libertad sólo por el hecho de no llevar pasaporte, por estar trabajando y no tener permiso de trabajo o por tener éste caducado, por ejemplo. Además de esta privación, se denunciaba constantemente la falta de medios del centro: la comida tenía que ser traída de fuera y servida por voluntarios asistenciales, lo mismo pasaba con la ropa si la necesitaban, no tenían sitio donde salir al aire libre, no había enfermería (cualquier asistencia médica tenía que hacerse fuera del edificio), no había régimen de visitas, ni ningún tipo de actividad, etc.

También, el colmo del «sin sentido» de estos internamientos es que se hacían para tener «controlado» al denunciado mientras se decidía la solicitud de expulsión, pero el proceso era tan largo que generalmente éste dejaba el centro antes de que se le comunicara cualquier resolución, ya que lo máximo que se le podía mantener internado eran treinta días.

En principio, sólo a los abogados de los internados y a voluntarios de la CODIA y de Cáritas se nos permitía visitarlos en el centro. A los voluntarios nada más que dos veces por semana, martes y jueves (que no fuera día de fiesta) por la tarde, desde las cinco hasta las siete. Nunca nos dejaban bajar a las habitaciones: la primera hora la policía subía a la mitad de los internados y la segunda a la otra mitad, a una pequeña sala de la planta calle. Muchas veces, dependiendo del humor del funcionario, el tiempo de visita se reducía (nunca se ampliaba). El grupo de voluntarios estaba controlado y debía ser pequeño (la policía no quería una lista larga). Además, no podían ir más de uno o dos de cada uno de los dos colectivos en cada visita. Los internados podían subir o no voluntariamente a las visitas. Cuando hablábamos con uno de los extranjeros por primera vez, intentábamos enterarnos de cómo había sido su detención y el proceso previo a llegar al centro, para denunciar cualquier eventualidad, y también saber cuál era su abogado, porque muchas veces las únicas noticias que tenían sobre cómo iba el proceso era a través de nosotros.

Las denuncias de vulneración de derechos eran constantes, tanto directamente en los juzgados como a través de las Cortes de Aragón, del Justicia o del Defensor del Pueblo y de los medios de comunicación., alguna vez escuchadas y la mayor parte desoídas.

Una de las tardes de visita llegamos y el centro estaba cerrado; la noche anterior había habido un incidente con uno de los detenidos y se produjo un incendio. No hubo muchas explicaciones. El Centro de Internamiento para Extranjeros de la calle General Mayandía no se volvió a abrir, eran finales de 1994. Esperemos que ello supusiera el término de esas condiciones infrahumanas de internamiento y que el número de solicitudes de esta sanción se haya reducido. En la actualidad, los extranjeros para los que se solicita internamiento hasta que se decide o no su expulsión se trasladan a otra ciudad o son recluidos en la cárcel de Zuera.

Tras el cierre del centro, la CODIA siguió funcionando principalmente en la actividad de la Escuela de Español, que mantiene hasta la actualidad.

Josefina Pérez de Arantegui