En el año 1986 Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) era la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de Zaragoza, gracias a un convenio de concesión firmado con el Ayuntamiento de la ciudad desde el año 1982.
Por aquella época las relaciones laborales estaban regidas por un régimen interno que databa del año 1961. Su contenido era cuartelario, con una disciplina semimilitar y en el que los trabajadores eran continuamente sancionados por los motivos más inverosímiles.
A ello hay que añadir que los sueldos eran muy bajos, obligando a los trabajadores a realizar muchas horas extras para llegar a final de mes. Las condiciones de trabajo eran muy duras, ya que el material con el que se trabajaba era muy obsoleto.
Además, la negociación del convenio habitualmente se realizaba a espaldas de los trabajadores.
Ante esta situación un grupo de trabajadores formó un sindicato asambleario, en principio de empresa, aunque con el tiempo se convirtió en un sindicato de ámbito de la comunidad de Aragón.
Tras conseguir que todos los vocales del comité de empresa, menos uno, dimitieran, se realizaron elecciones sindicales y consiguieron cinco vocales de los diecisiete que componían el comité. Los otros sindicatos —CCOO y UGT— no presentaron candidatos a la presidencia y secretaría del comité, por lo que, a pesar de no tener la mayoría, el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) asumió la presidencia y secretaría del comité de empresa, y se puso en marcha en TUZSA un modelo de sindicalismo que hasta la fecha tan apenas se había practicado en esta empresa: la participación directa de los trabajadores en la toma de decisiones a través de las asambleas.
Al poco tiempo de las elecciones comenzó la negociación del convenio colectivo de empresa. Los trabajadores votaron la plataforma reivindicativa a presentar a la empresa; se debatía cada cambio que se producía en la plataforma y el camino a seguir.
Este sindicalismo no gustaba al empresario, por lo que mantenía una cerrazón inusitada. Ante ello, la asamblea de trabajadores aprobó la convocatoria de huelga indefinida a partir del 8 de junio de 1986. Esta huelga duró un mes hasta el día 8 de julio, fecha en la que, con la mediación del alcalde, se alcanzo un principio de acuerdo de convenio, aunque había que seguir negociando unos cuantos puntos.
El acuerdo fue un autentico triunfo de los trabajadores y del asambleísmo. Por primera vez, la empresa había tenido que negociar con los trabajadores, en vez de con las cúpulas de los sindicatos; por primera vez, no había nadie que firmara a espaldas de los trabajadores, puesto que en todo momento la asamblea tomó todas las decisiones y apoyo a sus representantes durante toda la negociación.
Ante este triunfo, la patronal no se quedó parada: empezó a incumplir el acuerdo, abrió expedientes y despidió a nueve trabajadores. Habían pasado dos meses desde el acuerdo de julio. Era una provocación, el comité lo sabía, y así lo explicó a los trabajadores en la asamblea celebrada en la parroquia de San Agustín (en el barrio de San José). La asamblea votó mayoritariamente ir a la huelga indefinida hasta conseguir que los compañeros volviesen a trabajar.
Se comenzó no respetando los servicios mínimos por ser excesivos. En un momento se alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento y, durante una semana, se sacaron los autobuses sin cobrar el billete a los usuarios; a cambio, el Ayuntamiento se comprometió a pagar el salario a los trabajadores. Fue un engaño, nadie cobró ese dinero.
La situación cambió radicalmente y, a las reivindicaciones del convenio, se añadió la demanda de municipalización del transporte urbano. Los trabajadores optaron por no sacar los servicios mínimos. TUZSA y el Ayuntamiento presidido por el Sr. González Triviño (PSOE), enviaron policías locales, bomberos, aspirantes a bomberos e inspectores de la propia empresa TUZSA a sacar los autobuses de las cocheras.
Se radicalizó la lucha, los trabajadores se concentraban ante las cocheras a pesar de la enorme presencia policial que escoltaba a los autobuses que conducían estos insolidarios “trabajadores”.
Se volvió a la parroquia San Agustín, donde la solidaridad de los sacerdotes se plasmó día a día, y allí se encerró la plantilla en asamblea permanente. La empresa cerró todo cauce de comunicación con el comité de huelga; el comité se dividió dejando en solitario al recién fundado sindicato de empresa. Mientras la patronal mantenía reuniones con altos cargos sindicales de la ciudad, la asamblea se mantenía fuerte y realizaba concentraciones diarias en el centro de Zaragoza.
En una de estas concentraciones, la policía cargó contra los trabajadores, sus familiares y otras personas solidarias con la lucha en TUZSA. Fue una carga brutal, que dio un giro a las medidas que hasta la fecha se estaban tomando. Los poderes de la ciudad habían decidido convertir la negociación del convenio de TUZSA en un asunto de Estado, pasando a ser un asunto de orden público. Varias compañías de la reserva de la policía nacional pasaron por Zaragoza para demostrar sus artes represivas, aunque los más “expertos” vinieron de Miranda de Ebro, por su cercanía con el País Vasco.
Además del aumento de la policía, ante la presión que sobre los policías locales (entonces municipales) y los bomberos se estaba realizando, el Ayuntamiento, en colaboración con el Gobernador civil  Ángel Luis Serrano (PSOE) y TUZSA, trasladó a Zaragoza autobuses de otras ciudades, con sus respectivos conductores y mecánicos: la guerra contra los trabajadores de TUZSA estaba más que declarada.
Esta acción no amedrentó a los trabajadores. Todo lo contrario, consiguió que aumentase la solidaridad de los ciudadanos y trabajadores, organizaciones sindicales alternativas, asociaciones de vecinos, federación de barrios, intelectuales, etc. hacia quienes seguían peleando por un convenio justo.
Empezaron a aparecer autobuses con lunas rotas, ataques contra las cocheras de TUZSA con cócteles molotov, ruedas pinchadas de autobuses y coches de esquiroles, etc.
La represión continúo en aumento, hubo detenciones a trabajadores por el mero hecho de ir por la calle, seguimientos de la policía a personas muy concretas (en unas ocasiones con clara intención intimidatoria, en otras… ni te enterabas).
En una de las muchas concentraciones en las cocheras de TUZSA, se efectuó una carga policial a porrazos y con disparos de pelotas de goma. Varios trabajadores fueron detenidos y también hubo heridos. Uno de ellos perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma, otro sufrió una brecha en la cara, desde el pómulo hasta la barbilla. Fueron verdaderos momentos de pánico, puesto que la policía cerró al tráfico la calle, rodeó a los trabajadores y disparó a placer.
Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de Torrero, y al día siguiente, los trabajadores realizaron una manifestación desde la parroquia en la que estaban encerrados hasta la cárcel. Allí consiguieron entrevistarse con la dirección del centro y a los pocos días los trabajadores salieron de la prisión.
La huelga indefinida se iba alargando y la economía de los trabajadores empezó a generar serios problemas de solvencia. Se organizó una caja de resistencia; con los fondos que se recaudaban de empresas, ciudadanos, organizaciones, incluso de otras ciudades, se intentaba paliar esta situación. También se organizó en la parroquia un comedor popular para los trabajadores y sus familiares, que era abastecido con alimentos que llegaban solidariamente; el sindicato UAGA  jugó un papel importante.
También se organizó un concierto para recabar fondos. En él actuaron grupos de la ciudad y el cantautor José Antonio Labordeta; y fue curioso que un humorista que también actuó en esa verbena solidaria, era un policía nacional que, el día anterior, había formado parte de una carga policial contra los trabajadores para los que en ese momento se estaba solidarizando.
Los familiares, y especialmente las mujeres, realizaron un papel muy importante. Participaron activamente en las asambleas, con intervenciones en las que animaban a maridos, compañeros y novios a continuar en la lucha. Se organizaron y participaron de tal manera que realizaron manifestaciones y consiguieron reunirse con políticos, sin dejar nunca de dar la cara ante las cargas policiales.
La solidaridad cruzó las fronteras de Aragón, y organizaciones del transporte de otras ciudades del Estado llegaron a Zaragoza con su ayuda moral y económica. También  vinieron organizaciones europeas.
Pero la patronal, sindicatos estatales, Ayuntamiento, DGA, seguían negociando y trabajando para desarbolar este movimiento asambleario; y como si de una acción militar se tratara, bajo la protección de la policía, llegó el día “D”. Esquiroles de la propia empresa, que doblaban jornada aupados por el sindicato “socialista”, y sesenta contratados del desempleo —saltándose la normativa laboral, ya que sustituían a trabajadores en huelga—, empezaron a sacar autobuses de las cocheras.
Al final, antes del agotamiento físico y económico debido al enfrentamiento diario con la policía y a llevar casi tres meses sin cobrar, la asamblea decidió volver al trabajo y cambiar el sistema de lucha. Se comenzó a emitir desde Radio La Granja de la AAVV de San José; esta también sufrió la represión del Gobernador, que dio orden de cerrarla.
Sesenta y dos días duro el conflicto.  Durante este periodo fueron despedidos cerca de ciento cincuenta trabajadores; muchos detenidos y procesados, teniendo que ir cada mes a la Audiencia Provincial a fichar.
Finalmente fueron veinticinco despedidos, entre ellos todos los vocales del comité de empresa del sindicato CUT y afiliados. Además, varios de ellos estábamos procesados y nos pedían de tres meses a tres años de cárcel por desordenes públicos, desobediencia a la autoridad, etc.
A pesar de que todos los dirigentes del sindicato estábamos despedidos y fuera de la empresa, el germen de la asamblea ya estaba consolidado y florecido; todos los meses, trabajadores de la empresa recogían dinero para los que estábamos despedidos en espera de los juicios, unos laborales y otros penales.
Al poco tiempo se celebraron elecciones sindicales y del propio sindicato CUT, que a pesar de tener toda su dirección en la calle, subió en representación; la asamblea se mantenía firme. Se firmó el convenio por dos años, se derogó el régimen interior y entre otras mejoras hubo una subida salarial del 9,16% para el año 1986 y un 9,30 % para el 1987.
También, con aportaciones individuales y del sindicato, se abrió el bar Entalto en el barrio de la Magdalena, como lugar de encuentro para personas alternativas, para realizar charlas, conferencias, como sede social del sindicato y, sobre todo, como puestos de trabajo para los despedidos.
Se celebraron los juicios y, una vez más, la solidaridad fue determinante. Se ganaron los juicios en casi todos los casos, y aunque no todos volvieron a la empresa, nadie regresó a la cárcel.
Se produjeron cambios: por el lado laboral, dignificó a los trabajadores de TUZSA en particular, y a todos en general. Consiguió generar una ola de solidaridad entre trabajadores, estudiantes, ciudadanos e intelectuales que hizo tambalear al poder establecido. Por el lado empresarial, TUZSA cambió de imagen, destituyó a toda su Dirección, modificó el color del uniforme de sus trabajadores y las relaciones laborales dieron un cambio sustancial. Es evidente que esta lucha asamblearia marcó un antes y un después de las relaciones laborales en TUZSA.

Javier Anadón