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Ciudad Universitaria, 28 de Abril de 2000
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 A la comunidad universitaria
Ante su respuesta a la propuesta del CGH presentada el 27 de abril con respecto a los presos políticos universitarios, los procesos seguidos contra estudiantes y profesores de la UNAM y las órdenes de aprehensión que existen contra otros muchos universitarios, estimamos lo siguiente: I. En primer lugar, lo que el CGH demanda no es simplemente un pronunciamiento de la Comisión de la Rectoría, pues éstos han demostrado no ser suficientes para que TODOS los compañeros gocen de cabal y absoluta libertad. Lo que se exige, y a lo que no ha habido respuesta, es una gestión directa por parte de la rectoría de la UNAM por medio de la comparecencia personal del Rector, Juan Ramón de la Fuente, y la Abogada General, Arcelia Quintana, en la Procuraduría General de la República y los juzgados correspondientes, para presentar ante ellos y por escrito las promociones formales en las que indiquen con toda precisión y claridad, el interés de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México en que no se sigan los procesos penales instaurados en contra de universitario alguno. Es decir, que las autoridades de la Universidad, a través del Rector y la abogada general, dejen clara su voluntad política, en persona y por escrito ante los juzgados en cuestión. II. Efectivamente, como ustedes lo dicen por escrito hoy en su informe ante nuestra propuesta, es debido a sus gestiones que: 1. Fueron detenidos casi 1000 universitarios los días 1 y 6 de febrero, además de la violenta detención de la profesora Guadalupe Carrasco. 2. De esos, más de medio millar hoy encuentran tocada su libertad al estar libres bajo reservas de ley. 3. Hay en la actualidad 250 universitarios bajo proceso penal y sin derechos políticos, con un pie dentro del reclusorio, y no libres, como ustedes aseguran. 4. Y hay 9 compañeros en la cárcel, sin su libertad total, con acusaciones no sólo falsas sino absurdas. Entonces, dicen ustedes que esto es resultado de sus gestiones. Y si es debido a sus gestiones que los que han salido están libres, pues entonces, también debido a sus gestiones pueden obtener su libertad lo que todavía están presos o bajo proceso penal. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros compañeros salvo el señalamiento hecho por las mismas autoridades como líderes? La abogada general indicó hoy que se gestionó el retiro de la calificación de "peligrosidad social" en los casos en que fuera procedente, lo cual indica una intención de carácter selectivo. ¿Porqué no gestionarlo para todos los compañeros detenidos y no sólo para algunos? La figura de peligrosidad social ha sido denunciada por expertos jurídicos y múltiples tratados internacionales de los que México forma parte como un instrumento de carácter totalitario por ser una cuestión puramente subjetiva, que no se basa en imputaciones concretas. El Ministerio Público no ofreció prueba alguna, como es su obligación constitucional. ¿Por qué partir entonces de que es procedente sólo para algunos cuando todos somos iguales, cuando todos somos universitarios, cuando todos somos inocentes? Exigimos entonces, en concreto: 1. La comparecencia personal del Rector, Juan Ramón de la Fuente, y la Abogada General, Arcelia Quintana, en la Procuraduría General de la República y los juzgados correspondientes, para presentar ante ellos y por escrito las promociones formales en las que indiquen con toda precisión y claridad, el interés de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México en que no se sigan los procesos penales instaurados en contra de universitario alguno. Es decir, que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Rector y la Abogada General, dejen clara su voluntad política, en persona y por escrito ante los juzgados correspondientes ,aclarando que TODOS los universitarios son importantes para el desarrollo de la vida universitaria y no sujetos peligrosos para la Universidad. Además de mandar una comunicación oficial de la Rectoría dirigida al Procurador General de la República donde se le solicite el sobreseimiento de todos los cargos. 2. Se gestione el retiro de la peligrosidad social para todos los compañeros, haciendo público que los compañeros son universitarios, no sujetos peligrosos para la Universidad. 3. Gestionar la cancelación de todas las órdenes de aprehensión, aclarando que las hay todavía vigentes, como las de la causa penal auxiliar 7/2000-III, en el Juzgado 2º. De Distrito en Materia Penal. 4. Gestionar el sobreseimiento de las acusaciones de robo calificado presentadas por Leopoldo Silva y Ana Elena Barrientos, María Ascención Morales y otros del Jurídico de la UNAM, quienes claramente son autoridades de la Universidad, para TODOS los compañeros. Esto se ha hecho ya para algunos compañeros, pero no para otros, quienes están presos hoy. 5. Retirar el cargo de daño en propiedad ajena a quienes aún lo tienen y se encuentran en prisión. A los demás, ya se les retiró. 6. Presentar a los empleados de Auxilio UNAM que formularon las querellas de lesiones por los hechos de la Preparatoria 3 para que se desistan. Los ha citado el juez en diversas ocasiones y no han comparecido. 7. Presentar a todos los directores de escuelas, colegios y facultades que formularon todas las acusaciones por los delitos de despojo, para que las retiren. Entre ellos, están Luis Fernando Magaña de Ciencias, Luis Alberto Zarco de Medicina, ArturobBouzas de Psicología, Gonzalo Celorio de Filosofía, Andrés Hernández López del CCH Azcapotzalco,Ramona Damián de Preparatoria 3, José Antonio Vela de Odontología, Felipe Leal de Arquitectura y otros. Aclaramos que lo que hemos hecho, lejos de ser despojo, es hacer válido nuestro derecho a huelga. 8. Que las autoridades de la UNAM abandonen su táctica dilatoria con el fin de alargar los procesos pues como denunciantes y querellantes en diversas ocasiones han sido citados a declarar ante los jueces que llevan los procesos pero ninguno de los mencionados se ha presentado so pretexto de "encontrarse de comisión". Lo que exigimos entonces, es que se haga válido el artículo 1º. Constitucional que consagra la igualdad para todos los mexicanos. El actual conflicto no podrá resolverse si el Rector de la Universidad no realiza todas las gestiones políticas que están a su alcance con la Presidencia de la República, La Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Gobierno del Distrito Federal para que cancelen de manera absoluta todos y cada uno de estos aberrantes procesos en contra de universitarios que lo único que han hecho es defender el carácter público y gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que son completamente inocentes de todas las imputaciones que dolosamente se les han hecho por motivos meramente políticos. Presentamos aquí ocho puntos concretos que ustedes pueden llevar a cabo para mostrar la voluntad política de la que tanto hablan. Esperamos acciones concretas. Consejo General de Huelga PROPUESTA DEL CGH RESPECTO A LA DEMANDA DE LIBERTAD ABSOLUTA DE LOS PRESOS Y PROCESADOS POLÍTICOS 1.- Tomando en cuenta que en los expedientes no existen elementos que inculpen directamente a las compañeras y compañeros que se encuentran en prisión, así como a los procesados con libertad bajo caución y "con las reservas de ley", se requiere una gestión pública y escrita de las autoridades universitarias ante la Procuraduría General de la República para que ésta se desista de la acción penal y solicite el sobreseimiento de la totalidad de las causas penales. Una vez que se presente esta gestión ante la PGR, deberá hacerse del conocimiento de los juzgados que conocen los procesos y ratificarla ante los mismos. Sabemos que los delitos que atribuyen a las procesadas y procesados se persiguen de oficio; sin embargo, la gestión de las autoridades universitarias ante la PGR y ante los juzgados, influirá decisivamente en el ánimo de los juzgadores al momento de resolver. Es deseable que esta gestión la haga directamente Juan Ramón de la Fuente. De esa forma, se limpiarían completamente los expedientes, lo cual implica: A) La excarcelación inmediata y sin condiciones de los nueve presas y presos universitarios. B) La exoneración de cargos a quienes se encuentran en libertad caucional. C) La restitución en el pleno goce de sus derechos políticos a todos los involucrados. D) La destrucción, con presencia de los interesados, de las fichas signalécticas. E) La cancelación, hecha pública por la PGR DE TODAS LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN RELACIONADAS CON EL CONFLICTO. Se anexa simple copia del acuerdo de la C. Juez segunda de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, de 10 de abril del 2000, en donde se menciona expresamente que por hechos ocurridos en la UNAM existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar. (expediente 7/2,000-III). F) El desistimiento de toda consignación ante el Tribunal Universitario. G) El retiro de la calificación de "peligrosidad social" por atentar contra las garantías individuales que consagra la Constitución, así como contra disposiciones internacionales sobre la materia. 2.- En algunos expedientes, como el referente a los hechos de la Preparatoria Número 3, el de la Dirección de Asuntos Escolares y el de la Dirección de Asuntos Jurídicos, hay declaraciones de empleados y funcionarios de la Universidad, que son testigos de cargo. Demandamos que se les instruya para que comparezcan ante los jueces que conocen los casos, a hacer manifestaciones de descargo de los compañeros y compañeras. Un precedente en este sentido es el documento que se presentó en la PGR reportando la aparición de los objetos supuestamente robados de la Preparatoria 3, lo cual permitió que algunos compañeros y compañeras obtuvieran la libertad bajo fianza. 3.- Es necesario que los empleados que se dice fueron lesionados en los hechos de la Preparatoria 3 se presenten a otorgar "el perdón del ofendido". Lo anterior es procedente, en razón de que fueron las autoridades universitarias quienes pusieron en acción a los órganos persecutores y sancionadores (Ministerio Público, policías y jueces), y a ellos corresponde también dar los pasos que lleven a que se desistan de sancionar a quienes no son delincuentes, sino partícipes de un movimiento social plenamente garantizado por la Constitución de la República. Entendemos, como todos los mexicanos, que es por motivos políticos que hay estudiantes y profesores detenidos y se siguen procesos contra cientos de universitarios. Esta situación demanda, junto a una salida jurídica, una voluntad política a la que no deben negarse las autoridades universitarias, so pena de seguir violentando el estado de derecho. Consejo General de Huelga |
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