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Los movimientos sociales frente al conflicto vasco y el uso de la violencia. Texto publicado en Molotov. |
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Antimilitarismo
y conflicto vasco
David Llorente Parto de un determinado análisis del conflicto vasco que lo concibe como un conflicto violento en torno a la soberanía de un territorio; de raíz, por tanto, fundamentalmente política, aunque transido de componentes sociales, culturales, etc., que lo hacen enormemente complejo. Se trata, en todo caso, de una realidad de violencia viciada de militarismo, con víctimas, dolor y sufrimiento, a la que el movimiento antimilitarista no puede sentirse ajeno. El conflicto se encuentra en un momento especialmente delicado a raíz de los acontecimientos de este último verano y corre el peligro de que permanezca indefinidamente enquistado o de que alcance incluso más altas cotas de tensión y confrontación, a no ser que se apueste decididamente por su transformación para alcanzar un proceso de paz o, al menos, una fase de mayor distensión. Veamos cuáles son las claves que han determinado la actual coyuntura: El panorama previo al asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco se venía significando por dos cuestiones fundamentales y relacionadas entre sí: la política penitenciaria de dispersión de los presos de ETA y el secuestro del funcionario de prisiones J.A. Ortega Lara. La política de dispersión es, como sabemos, contraria a derecho y carga sobre el preso y los familiares un sufrimiento añadido -no incluido en la condena- que se deriva de la situación de lejanía y aislamiento. Pero lo interesante es que el acercamiento de los presos a las cárceles de Euskal Herria, conforme a lo dictado por la legalidad y por razones humanitarias, se había venido convirtiendo en una reivindicación social con creciente apoyo en un cada vez más amplio y heterogéneo sector de la sociedad vasca. Una investigación sociológica realizada en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, publicada en Febrero de 1995, señalaba que un 74% de l@s encuestad@s estaba a favor del cumplimiento de las penas en Euskal Herria, mientras que sólo un 12’20% se mostraba a favor de la dispersión[1]. Se trataba, pues, de una reivindicación que trascendía el entorno habitual del MLNV para extenderse por sectores diversos de la sociedad vasca, como signo manifiesto, entre otros, de que en ella va tomando cuerpo lo que se ha convenido en llamar un tercer espacio sociológico. En él se encuadran quienes coinciden en rechazar el frentismo y la violencia, denunciándola indistintamente tanto si proviene de ETA como si proviene del Estado, y apuestan, en cambio, por una solución política del conflicto, basada en el diálogo, el acuerdo y el ejercicio de los Derechos Humanos individuales y colectivos. No se trata de una abstracción, sino de un espacio real, heterogéneo, que reúne a una parte significativa del espectro político, sindical, religioso, cultural y social, y que se ha mostrado especialmente dinámico a lo largo del último año en lo que se refiere al rechazo de la política de dispersión. El tercer espacio en marcha. Las movilizaciones populares que tuvieron lugar antes de Julio, para reivindicar el acercamiento de los presos vascos, fueron, tal vez, las más plurales habidas en Euskal Herria desde la transición. En ellas confluyó todo el espectro político vasco salvo el PP (PNV, EA, HB, IU, PSE-EE), el sindicalismo mayoritario (ELA-LAB) y movimientos sociales y asociaciones de diversa índole (Senideak, Gestoras Pro-Amnistía, Bakea Orain-Paz Ahora, Gesto por la Paz y Elkarri -estos dos últimos enviaron al respecto una carta conjunta al ministro J.Mayor Oreja- )[2]. En estas manifestaciones "pacifistas con lazos azules pasearon junto a simpatizantes abertzales sin que se produjeran incidentes"[3]. Ante la presión de "partidos vascos, asociaciones pacifistas y diversos sectores de la Igesia" para que Mayor Oreja "flexibilizase su postura", éste se vió obligado a anunciar a mediados de Junio que "de un momento a otro se confirmará el traslado de unos cuatro o cinco presos hacia cárceles próximas al País Vasco"[4]. Lo que interesa destacar de todo esto es que este tipo de actos y movilizaciones estaban abriendo un espacio de cooperación y entendimiento, amplio y plural, capaz de encauzar reivindicaciones de forma cívica, pacífica y eficaz, así como de generar la distensión necesaria para construir una alternativa de paz basada en el diálogo y el acuerdo. El gobierno comenzaba a verse arrinconado en su postura inmovilista y no podía cerrar ya los ojos ante tal presión social esgrimiendo el sofisma de que acercar los presos suponía ceder al chantaje de ETA. Una actitud militarista. Pero, ¿cómo debería haber actuado ETA ante esta situación? El secuestro de J.A. Ortega Lara, además de ser cruel y reprobable, permitía al Gobierno aferrarse al argumento del chantaje y entorpecía el avance de la demanda social. ETA tenía en sus manos la oportunidad de administrar la distensión de forma inteligente. La liberación de Ortega Lara habría dejado al Gobierno sin excusas para no cumplir la legalidad penitenciaria. Tomar la iniciativa en este sentido habría demostrado sensibilidad ante el clamor social por la liberación del secuestrado y, por otra parte, era razonable corresponder con algún gesto al esfuerzo que multitud de ciudadan@s, ajen@s al MLNV,estaban haciendo al apoyar las reivindicaciones legítimas de organizaciones como Gestoras Pro Amnitía y Senideak (familiares de presos de ETA) participando en manifestaciones conjuntas. La actitud de ETA, en cambio, a juzgar por lo sucedido, parece obedecer a una psicología militarista más que política o siquiera estratégica. El secuestro del concejal Miguel Ángel Blanco y su posterior ejecución tras expirar el ultimátum constituyen una demostración de poder, como forma de contraataque o de venganza tras la liberación de J.A. Ortega Lara por las fuerzas de seguridad del Estado. No puede considerarse sino como un grave error en todos los sentidos, como un paso dado en la dirección equivocada, no menos por su inhumanidad que por las consecuencias a que ha dado lugar. Las "jornadas de Julio". El fenómeno mediático-social (aspectos ambos indisociables) desencadenado durante el secuestro y tras la muerte de Miguel Ángel Blanco merecería un profundo análisis aparte. Aquí, me limitaré a señalar que el lógico rechazo social y la indignación generalizada ante la brutalidad del asesinato -lo cual debería de hacer reflexionar seriamente a ETA- constituyeron la materia a la que los medios de comunicación de masas se ocuparon de dar forma. La explotación desmesurada del dolor, la exaltación popular (y populista), la manera en que se excitó los sentimientos de la gente... contribuyeron a que se alcanzase un clima de paroxismo que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El panorama político-ideológico generado a partir de este caldo de cultivo nos sitúa ante ciertas cosecuencias, a mi parecer, preocupantes: 1.-Triunfo ideológico del Estado y el Sistema. "El Estado, que hoy más que nunca es el Pueblo" (TV, sic), ha resultado el mayor beneficiario de la situación, viendo reforzado su apoyo frente a la violencia terrorista. Durante los días en que la ofensiva ideológica alcanzó su clímax la sociedad pudo reconocerse en la imagen que del Sistema ofrecían los mass media, como un todo orgánico en el que el Pueblo y el Estado, con sus fuerzas policiales, se encontraban perfectamente ensamblados. Los medios conformadores de opinión han tomado conciencia de su poder y conocen los mecanismos adecuados para accionar los resortes de la psicología de masas, de tal manera que un movimiento de rechazo (al terrorismo) se tamiza con los contenidos ideológicos apropiados para que se convierta, al mismo tiempo, en un movimiento de afirmación (del Sistema), en cuyo reverso se encuentran las bases de una estrategia de aislamiento y exclusión. 2.-Avance del autoritarismo. El ministro del Interior, que sólo una semana antes del asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco se veía acorralado en su reducto inmovilista en lo que a política penitenciaria se refiere, ha demostrado al final "tener razón" en su postura de firmeza. Lo mejor es mano dura, sin contemplaciones, y el programa de medidas apunta precisamente en esa dirección. Por el momento, y aprovechando el fragor popular, los políticos han tenido carta blanca para aprobar la ley de videovigilancia y se anuncian reformas del Código Penal que apuestan por las medidas represivas y la restricción de derechos y libertades. Pero, sin duda, lo más preocupante es que se considere el aislamiento social como una estrategia válida para la pacificación. No sólo es condenable desde una perspectiva democrática, por las situaciones de confrontación civil que implica, sino que además es del todo inviable, pues una cosa es plantearlo a nivel teórico, y desde fuera de Euskal Herria, y otra situarse en la realidad concreta y cotidiana de una oficina, un vecindario, una clase de instituto o un equipo de baloncesto vascos; (si, por ejemplo, en éste último hay jugadores que votan a HB, ¿pretenden que otro que juega como base no pueda, bajo ningún concepto, pasarles el balón, o algo así? ). Por otra parte se ha creado un clima ficticio en el que parece que la pacificación de Euskal Herria se producirá mañana mismo como por ensalmo, simplemente yendo tod@s junt@s "a por ellos" (desafortunado eslogan, por cierto). Una paz justa y democrática no puede basarse en el aislamiento o la supresión del "otro", sino en una voluntad decidida de diálogo y acuerdo por todas las partes. El movimiento antimilitarista, sujeto transformador. Pero la pregunta que quería traer a colación, una vez esbozada la coyuntura reciente del conflicto vasco, es cómo se puede contribuir desde el movimiento antimilitarista a transformar esta situación. Deberíamos, en primer lugar, plantearnos en qué momento se encuentra el movimiento antimilitarista, en relación con la trayectoria que ha seguido en los últimos años, y qué perspectivas de desarrollo tiene ante sí. La insumisión ha representado el elemento dinamizador más importante del movimiento y su principal baza en lo que a repercusión social y mediática se refiere. Sin embargo, esta línea puede verse truncada por los cambios que se están produciendo en las estructuras militares a nivel estatal e internacional. La profesionalización de los ejércitos de la OTAN se corresponde con una preponderancia del discurso ideológico en torno a su papel "humanitario", amparando en la práctica las tareas pertinentes de intervencionismo militar. Este nuevo paradigma hará innecesaria la conscripción obligatoria a corto plazo, con lo que la objeción de conciencia y la insumisión dejarán de existir en la forma concreta que han venido adoptando hasta el presente. Tal vez nos encontramos en un buen momento para hacer un replanteamiento sobre el significado del antimilitarismo y debatir las estrategias que como movimiento puede acometer. El debate debería considerar, a mi juicio, las siguientes ideas: -El militarismo no se reduce a "lo militar", institucionalizado en el ejército; es también "un fenómeno social" constituido por "un sistema de prácticas y convicciones cotidianas -autoritarismo, verticalidad decisoria, sumisión, exaltación de la violencia, desprecio a la debilidad, machismo, etc.-"[5]. el antimilitarismo debe, por tanto, afirmarse como movimiento de oposición al fenómeno militarista, inscribiendo su acción en un proyecto global de transformación social. -Una actitud antimilitarista no implica solamente tomar posturas negativas, de rechazo, frente a toda forma de colaboración con el militarismo (insumisión, objeción fiscal, etc.), sino también positivas, afirmativas, en el sentido de que puede aportar valores y actitudes alternativos al militarismo desde los que construir estrategias participativas de paz. Desde esta perspectiva, el movimiento antimilitarista se constituye en un movimiento social amplio que incluye no sólo a quienes practican la desobediencia frente a instituciones militares, sino también a tod@s l@s que desde muy diversos campos trabajan para transformar aquellos aspectos en que el militarismo se manifiesta como fenómeno social. Hasta el momento la insumisión, como lucha emblemática del antimilitarismo, se ha fundamentado en el compromiso profundo de personas dispuestas a resistir un peso considerable de sufrimiento individual con la finalidad de rentabilizar políticamente la represión y generar contradicciones al sistema. Es cierto que la desobediencia se podrá seguir practicando desde el interior de un ejército profesional de distintas formas, pero es previsible que se produzca un debilitamiento de esta línea de acción y que se cierre un ciclo marcado por la proyección social que la conscripción obligatoria y las penas de prisión e inhabilitación conferían a esta estrategia. Esto no debe suponer sino un estímulo para abordar escenarios más amplios que posibiliten dar un gran salto adelante. Por otra parte "la agudización de contradicciones sola ya no sirve. Los movimientos sociales deben presentar y encontrar en su lucha y en sus objetivos el perfil positivo, constructivo y alternativo que motive y encuentre receptividad e ilusión en la sociedad"[6]. Se trata de involucrar a todas las sensibilidades que se oponen al militarismo como fenómeno social en un movimiento capaz de presentar alternativas al militarismo y llevarlas a la práctica. De este modo el movimiento antimilitarista se convierte en auténtico sujeto activo y transformador. Una mentalidad militarista no tiene en realidad nada que aportar a la solución de los conflictos, porque opera con la misma lógica que los ha generado y alimentado. La llamada Paz de Dayton, que supuestamente dio fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina -rentabilizada por los ejércitos como campaña de imagen "humanitaria"-, es un buen ejemplo de ello. El acuerdo se firmó, a nivel de elites, con los principales artífices del inicio de la guerra (Milosevic y Tudjman), sin tener en cuenta los intereses de la población civil, mientras que políticas de reconciliación, desmilitarización de las partes enfrentadas y proyectos de democratización de los respectivos regímenes quedaron al margen[7]. Esta "pax" supuso, a lo sumo, detención de la violencia bélica, pero no solucionó los problemas de fondo relacionados con la conflictividad étnico-religiosa y el autoritarismo político, así que siguen estando sentadas las bases para que la guerra pueda volver a estallar. Frente a este modelo, el movimiento antimilitarista debe proponer y tratar de llevar a la práctica verdaderos procesos de paz, justos y participativos, demostrando que existe realmente una alternativa. Construir un proceso de paz para Euskal Herria. Es en este punto en el que el conflicto vasco aparece como un desafío a nuestra capacidad creativa. Tampoco aquí la continuidad de las tesis militaristas (solución policial del conflicto, prolongación de la lucha armada) garantiza hoy por hoy una solución viable del conflicto y sus causas. De otro lado, ésta no puede quedar exclusiva e indefinidamente hipotecada a una negociación "desde arriba" entre ETA y el Gobierno, cosa que, además, parece difícil que suceda por el momento. Un proceso de paz verdaderamente democrático pasa por la implicación de toda la sociedad vasca en la solución del conflicto. Para ello, frente a la exclusión y la confrontación civil, es necesario promover iniciativas que amplíen y fortalezcan un tercer espacio de encuentro social, como base para la transformación de abajo a arriba de las relaciones y estructuras que sostienen el conflicto y sus expresiones violentas. El avance y la consolidación de este tercer espacio abre el camino que posibilita el desarrollo de la mediación social, es decir, que la propia sociedad en su conjunto pueda ejercer de mediadora en la solución del conflicto; para lo cual, la movilización positiva en defensa del diálogo y el acuerdo, especialmente de los movimientos sociales, sindicatos y asociaciones en general que articulan la sociedad civil, resulta indispensable. El movimiento antimilitarista puede realizar en este sentido un aporte muy valioso, debido, entre otras razones, a su peculiar implantación en Euskal Herria. El fenómeno de la insumisión, particularmente, ha alcanzado en Euskadi y Navarra un desarrollo muy notable. La dimensión del fenómeno, su dinamismo, heterogeneidad e independencia, así como la complicidad y consideración positiva de que ha gozado entre la mayoría de la población vasca, son factores que confieren a este movimiento social una potencialidad extraordinaria como sujeto transformador del conflicto. De otro lado, el conflicto vasco representa para el movimiento antimilitarista al mismo tiempo un desafío y una oportunidad para impulsar un proyecto constructivo e ilusionador que demuestre la validez y utilidad de las herramientas y valores no-violentos. Esto implica verificar en la práctica: -que el diálogo puede constituir una verdadera alternativa a la violencia. Como mecanismo eficaz de resolución de conflictos, el diálogo debe ser incondicionado (las condiciones no hacen más que postergarlo y siempre se exigen al "otro" en vez de asumir la iniciativa) y no excluyente (¿acaso puede citarse algún proceso de paz basado en la exclusión? Irlanda del Norte, por el contrario, ejemplifica la eficacia de un diálogo plural e integrador que busca soluciones en vez de buscar culpables). -que se pueden abrir o tratar de habilitar los canales necesarios para que toda reivindicación pueda ser cursada de forma cívica y pacífica, y encuentre así su expresión democrática (remitimos, como referencia al ejemplo de las movilizaciones ciudadanas contra la política de dispersión, analizado anteriormente). -que la paz no significa únicamente ausencia de violencia armada y no puede, por tanto, reducirse a "que ETA deje de matar". Una estrategia de paz verdaderamente justa y participativa debe también contemplar la puesta en marcha de un proceso en virtud del cual el pueblo vasco pueda definir democráticamente el marco político y jurídico que reporte un consenso suficientemente amplio como para que la paz sea estable y duradera en un contexto de integración y reconciliación social. Estos planteamientos se proponen como directrices para una tarea asentada en valores no-violentos, que deberá saber encontrar su expresión a través de iniciativas concretas (foros locales de diálogo, talleres participativos, elaboración de propuestas consensuadas para presentar en ayuntamientos y parlamentos, promoción de acuerdos entre grupos y asociaciones, o cualesquiera otros actos que puedan contribuir a la distensión y la participación). El movimiento antimilitarista tiene ante sí el reto de ganar, también en el conflicto vasco, espacios al militarismo y puede, sin duda, contribuir desde sus valores y actitudes a alcanzar este horizonte de paz. David Llorente, miembro del Taller de Elkarri de Madrid.
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