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pesar de rumores y versiones encontradas, se logró saber que en medio de los escombros
del celdario permanecen amontonados alrededor de 200 presos. Para algunos de los
familiares (autorizados la semana anterior a entregar paquetes pero no a ver a los
presos), estos 200 estarían «al aire libre y casi dentro del barro». Piensan que pueden
encontrarse hacinados debajo de uno de los aleros de la enorme estructura de cemento,
alero que les serviría de techo. En cambio las gruesas columnas que bordean ese espacio,
separadas entre ellas por una distancia de ocho a diez metros, resultarían demasiadas
escasas para oficiar de paredes. Otra versión indica que los presos estarían en otro
sector y hasta se habló de un sótano. Lo que no resulta de la especulación es la
afirmación de que la mayor parte de los reclusos subsisten en el penal amontonados y que
hasta la semana pasada -cuando algunos familiares fueron autorizados a llevarles algo de
ropa y un poco de té, azúcar y yerba- carecían de abrigo.
En medio del silencio oficial las informaciones que trascienden continúan siendo
contradictorias. Hasta el miércoles los miembros de la Comisión de Derechos Humanos
(CDH) del Parlamento sólo sabían que la mayoría de los presos se encontraba en el
penal, pero ignoraban entre qué tipo de escombros. Algunos reclusos, considerados fuera
de la gestión del motín, fueron autorizados a recibir un par de horas de visitas.
Una carta (de la que BRECHA posee una copia) salida del penal el sábado 30 revela que son
214 los reclusos alojados entre las ruinas. Se les anunció que serían alojados en el
sector B del primer piso, un espacio que antes del motín contaba con 49 celdas de dos
metros por tres cada una, esto es, con capacidad para 98 personas. El anuncio parece
indicar que, misteriosamente, el lugar se salvó de la devastación del motín o emergió
de los escombros. La carta de los presos anunciaba el inicio de una huelga de hambre a
partir del lunes 1o. de abril (a la que se sumaron algunos reclusos que no están dentro
del celdario) y denunciaba también que fueron amenazados por el nuevo director del
establecimiento, inspector José Sande, quien les dijo que «si se producen disturbios
serán reprimidos a tiros sin posibilidad de pedir piedad». En el breve texto se
pide apoyo a la ciudadanía en la lucha de los reclusos para «ser tratados como seres
humanos».
REPRESALIAS. En una reunión realizada el 21 de marzo con representantes
del Ministerio del Interior, de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio de Salud
Pública, el presidente de la CDH del Parlamento, diputado Edgar Bellomo (EP-FA),
manifestó que pese a la dificultad para obtener información fidedigna, los distintos
testimonios lo llevaban a creer que los reclusos que permanecían en Libertad se
encontraban en peores condiciones que quienes habían sido trasladados a La Tablada. La
penosa situación pudo ser comprobada por él y otros legisladores. El ministro Guillermo
Stirling y el presidente de la Suprema Corte, Gervasio Guillot, habían asumido ante la
comisión parlamentaria y ante los presos el compromiso de que no habría represalias por
el motín. Pero en su visita a La Tablada, Bellomo y Guillermo Chifflet, también
integrante de la comisión, vieron en el cuerpo de los reclusos trasladados que el
compromiso no había sido cumplido.
Chifflet narró en una sesión parlamentaria del jueves 21 que al entrar al citado
establecimiento encontró al recluso Milton Recalde tendido en el piso en un precario
colchón, sin frazada y esposado. Al preguntarle por una herida que tenía en la frente,
el preso le respondió que se la había provocado al caer. Otro de los detenidos que
tenía una venda en un brazo, también contestó que se había caído accidentalmente. Sin
embargo hubo quienes no temieron contar que habían sido golpeados y despojados de
camperas, championes (si estaban en buen estado), relojes y anillos. Es un conocimiento
triste pero indiscutible el que permite a los presos reconocer los distintos sonidos que
emite una persona violentada. Varios presos relataron haber escuchado gritos que no
correspondían a simples palizas, que eran verdaderos gritos de terror, añadiendo que
ellos, que habían sido golpeados de múltiples formas, sabían distinguir los gritos
producidos por puñetazos o puntapiés de los gritos de la tortura.
En La Tablada fueron ubicados ocho reclusos en celdas con espacio razonable para dos. Como
no hay baño en la celda los reclusos salen rumbo al sanitario dos veces por día; el
resto del tiempo orinan y defecan en baldes de plástico dentro de la celda, con los
consiguientes riesgos de infección y contagio.
La abogada Lilián Curbelo Podestá es defensora de dos jóvenes militantes sociales de
nacionalidad sueca, Miguel y Gerardo Giménez -residentes en Uruguay con sus padres-,
acusados de rapiña (véase BRECHA , 2-VI-00) y
encarcelados. Curbelo dice en un informe para el país nórdico, elevado el 23 de marzo,
que después del motín los jóvenes se encontraban en el Penal de Libertad «en
condiciones inhumanas, sin agua, ni luz, ni atención médica», siendo luego
trasladados a La Tablada. Denuncia que en ese lugar «las condiciones de higiene y
sanitarias son pésimas, sin médico, ni medicamentos», y que hasta esa fecha rige
la prohibición «de recibir cigarrillos, alimentos, y lo poco que se les autoriza y
que a los familiares seguramente les cuesta un gran esfuerzo conseguir, muchas veces ni
siquiera les llega». Curbelo insiste en la falta de garantías y de respeto de los
mínimos derechos humanos, denunciando que los trasladados a La Tablada «fueron
severamente castigados y despojados de sus pertenencias».
Añadió que la visita de abogado -autorizada recién a partir del 19 de marzo- se
desarrolló en «condiciones ilegítimas, con la presencia de cuatro o cinco guardias
en la habitación, viéndose obligada a atender a (sus) clientes de a uno y esposados».
Es difícil negar que los subordinados del ministro Stirling no cumplieron con lo acordado
en la comisión tripartita (Ministerio del Interior, Suprema Corte de Justicia y la CDH) y
que las golpizas estuvieron a la orden del día. Sin embargo el jerarca no lo admitió ni
siquiera cuando le mostraron un video en el que podía observarse la inequívoca imagen de
un garrote subiendo y bajando sobre un cuerpo inerme (véase BRECHA, 15-III-02).
El asunto parece agravarse ante ciertas decisiones que, por el estilo, resultan más
atribuibles al director nacional de Cárceles, inspector Carlos de Avila, que al ministro.
Una de estas decisiones consiste en ordenar determinados traslados y, una vez efectuados,
ordenar el regreso al lugar de partida de los reclusos recién trasladados.
El 20 de marzo las autoridades anunciaron que en La Tablada hubo un intento de fuga
(según algunos familiares fraguado por los propios guardias), y posteriormente 16
reclusos fueron devueltos a Libertad. Algo similar sucedió con 34 reclusos un día
después de iniciarse la huelga de hambre en el penal (y quizás también en La Tablada) y
se anuncia que otro grupo recorrerá el camino inverso.
El ministro y su subsecretario, Daniel Borreli, se mantienen firmes en la sanción por 90
días con suspensión de visitas a los presos del penal y La Tablada, sosteniendo que no
se autorizará visitas para quienes destruyeron la cárcel.
ALCATRAZ. La cárcel de Libertad fue comparada por la prensa
internacional, durante la dictadura, con la prisión de Alcatraz. Razones no faltaban; las
condiciones de vida de los reclusos, la represión y el aislamiento eran similares. Pero
Alcatraz fue clausurada.
Ya el 11 de marzo de 1994 un informe a la Dirección Nacional de Cárceles del entonces
director inspector mayor Juan Pedro Martínez, señalaba que el penal sufría un deterioro
progresivo donde «el agua falta por lapsos considerables, pero lo más grave es que
este líquido vital no es potable y se constata la presencia de ratas que pululan por
todas partes; también de moscas y mosquitos que cubren todos los sectores del celdario,
en particular la cocina y depósitos de víveres».
No hay ninguna opinión contraria a la que reclama que las cárceles salgan de la órbita
del MI. Varios dirigentes blancos y colorados, y hasta el ministro Stirling, sostuvieron
públicamente esta posición. Sin embargo la práctica se orienta hacia otros caminos.
Mientras el MI no suelta la papa caliente, los partidos políticos que trabajan o
trabajaron seriamente en la CDH, el EP-FA y el NE, se limitan a atender problemas
puntuales: un motín aquí, un decreto sacado de la galera allá, una nueva norma por otro
lado. Un desgaste continuo que no logra soluciones generales y a menudo no resuelve
siquiera los temas de poca trascendencia a los que se aboca.
El diputado Bellomo dijo a BRECHA que los planteos y recomendaciones que se realizan en la
CDH se enlentecen cada vez más. Según el legislador encuentrista el tema ya no resiste
más dilaciones y el Poder Ejecutivo debe asumir su responsabilidad en la elaboración de
soluciones de fondo o en la aceptación de las que ya están planteadas: «Hasta ahora
Chifflet y yo aparecemos defendiendo siempre cuestiones concretas de los reclusos, y una
cosa es defender sus derechos, amparados por la Constitución y que por lo tanto se deben
respetar, y otra es continuar de esa forma sin que se discutan los temas en profundidad
para resolverlos de una vez».
El martes próximo el ministro Stirling se presentará en la comisión «y allí
quedará en claro que no nos prestaremos más a este juego de palabrerío sin soluciones.
Exigiremos transformaciones en serio y ágiles. Hemos formulado varias iniciativas que no
se tomaron en cuenta. Es cierto que ahora estamos incluso en peores condiciones que antes
del 1o. de marzo, casi sin lugares físicos para que los detenidos tengan visitas, pero
exigiremos resolver temas prioritarios como la atención médica en las cárceles no sólo
de los presos sino también del personal afectado a la guardia, que tampoco es
correctamente atendido. Y la adopción de medidas que contemplen trabajo para los reclusos
en tareas productivas, recreativas o educativas, para evitar el ocio, que constituye uno
de los peores enemigos de los presos», dijo Bellomo.
El diputado se mostró receloso ante el decreto firmado días atrás que autoriza a la
guardia policial externa a disparar en caso de intento de fuga, porque tiene dudas de que
se cumplan todos los pasos que prevé la norma, por ejemplo, dar dos veces la voz de alto
antes de tirar: «No olvidemos que más allá de la existencia de muchos funcionarios
honestos, en 39 meses fueron procesados 349 policías, por lo tanto, ¿qué garantías
puede haber?».
La exigencia de que los centros penitenciarios queden fuera del alcance policial tiene
fundamentos sólidos. En 1987 el actual presidente del Colegio de Abogados y entonces
abogado de oficio, Ronald Herbert, denunció a las autoridades del penal por el maltrato
físico que padecían los presos, «obligados a levantarse a las dos de la mañana,
los sacaban a correr por los patios, los obligaban a gritar ¡viva la guardia!, para luego
mojarlos con agua».
Otro defensor de oficio, el abogado Eduardo Pesce, decía en abril de 1993 ante una
comisión parlamentaria: «Ciertos vaivenes entre un mayor liberalismo que,
abruptamente, pasa a transformarse en un régimen severo en cuanto sanciones y demás.
Como si se quisiera despertar ciertas esperanzas para luego provocar la desesperanza total
de un régimen de sanciones bárbaras, de apaleamientos, etc. No sé a que atribuirlo,
pero ese hecho es palpable».
El más elemental sentido común advierte la inconveniencia de que quien detiene e
interroga a una persona sea luego su custodio y carcelero. En cambio no hay un solo
ejemplo que demuestre la ventaja de que el MI se haga cargo de los presos.
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