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La guerra del gas
Consecuencias de la globalización en Bolivia
AMAL ABORDÁN Y TEÓFILA GUARACHI*
>> Después de diez días de paro indefinido en la ciudad de El Alto, y de más de 80 muertos a manos del ejército, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada presentó su dimisión ante el Congreso Nacional. Las movilizaciones populares, que comenzaron por exigir que el gas no se vendiera, obligaron a Sánchez de Lozada a tomar esta decisión y a huir del país el 17 de octubre. El nuevo presidente, Carlos Mesa, tiene grandes retos por delante
Si queremos entender qué es lo que pasó para que la denominada guerra del gas estallara en Bolivia, debemos remontarnos a abril de 2000, cuando el pueblo boliviano protagonizó la “Guerra del Agua” y logró expulsar a la transnacional norteamericana Bechtel del país. Ese año, el país sufrió una gran convulsión debido también a las protestas del movimiento campesino, que exigía el cumplimiento de un pliego de peticiones, entre las que se encontraba la creación de una universidad para los campesinos, mil tractores y la electrificación de sus viviendas. Ese fue el primer aviso y la primera demostración de que los bolivianos no estaban dispuestos a dejar que sus recursos naturales fueran explotados por multinacionales que no aportaban beneficios al país.
Febrero de 2003 fue otro indicio, esta vez ya con la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, también llamado Goni. La denominada “Guerra del Impuestazo” se cobró la vida de 30 personas que murieron para que el decreto que incrementaba los impuestos en los salarios fuera derogado. Este decreto seguía las recomendaciones del FMI, y su puesta en practica habría aumentado la opresión económica de la población. Pero el entonces presidente Goni, no escuchó lo suficiente al movimiento social ni a los levantamientos populares que querían ser protagonistas de su propia democracia y de su país, cansados de escuchar compromisos que nunca fueron cumplidos.
El
inicio del levantamiento popular
A mediados de septiembre de 2003, lo que se inició con la petición
de libertad para un dirigente campesino de Pucarani, desembocó
en la “Guerra del Gas”. El 8 de septiembre, los campesinos habían
iniciado una huelga de hambre para que se les atendieran sus reivindicaciones
-huelga que no acabaron hasta el 17 de octubre. El 9 de septiembre, Edwin
Wampu es detenido acusado de asesinato.
Comunarios (1) de Pucarani, Warisata y otras poblaciones del Altiplano
inician un bloqueo de caminos pidiendo su libertad. La respuesta a este
bloqueo por parte del gobierno fue el envío de un fuerte contingente
militar al mando del ministro de defensa C. Sánchez de Berzain
para rescatar a cerca de 1.000 personas, entre turistas extranjeros y
ciudadanos bolivianos. La falta de control de las operaciones hace que
cinco personas pierdan la vida el 19 de septiembre.
Este fue el detonante para que los campesinos radicalizaran los bloqueos
e iniciaran una huelga de hambre. Pasan 17 días y el gobierno sigue
sin dar respuestas. Mientras, otros sectores se van uniendo a las movilizaciones,
esta vez con una demanda común: la no exportación del gas.
Una de las poblaciones que más radicalizó sus movilizaciones
fue la ciudad de El Alto (2). El paro cívico indefinido iniciado
en dicha población, el 7 de octubre, fue el principio del fin de
la caída de Goni. Nadie esperaba, y mucho menos él, que
una población principalmente compuesta por indígenas aymaras
y quechuas, provenientes de las minas capitalizadas (3) y de las zonas
más pobres del altiplano, que hace casi medio siglo migraron en
busca de una vida mejor y fueron creando esta ciudad, puerta principal
de La Paz, iban a conseguir no sólo que el gobierno se replanteara
la ley de hidrocarburos y su exportación, sino que el presidente
presentara su renuncia.
Uno de los hechos que aceleró la caída de Goni fue la masacre
que sufrió la ciudad de El Alto los 11,12,13 y 14 de octubre. Primero
fue la muerte de dos mineros de Huanuni, del departamento de Oruro, que
acudían a El Alto a apoyar las manifestaciones. Después,
la movilización pacifica que los alteños estaban protagonizando
llevó al presidente a militarizar la ciudad para controlar el movimiento
social. Esta acción no sólo no tranquilizó al pueblo,
sino que acrecentó la ira, el dolor y la lucha por la muerte de
casi 80 personas. Unas muertes que no fueron fruto de una lucha a partes
iguales, sino una auténtica masacre. La población, que se
armo únicamente con palos y piedras, fue disparada por metralletas,
francotiradores y helicópteros del ejército. El 99% de las
víctimas pertenece a la población denominada indígena
u originaria. Entre los grupos intelectuales del país ya se habla
de que “la guerra del gas” fue un etnocidio. Y un etnocidio
del que también fueron víctimas los propios verdugos. Porque
la mayoría de los militares que empuñaban las armas no eran
más que jóvenes conscriptos que estaban realizando el servicio
militar, que apenas superaban los 20 años. Entre los rumores que
circulan después del conflicto, queda por confirmar uno que señala
que varios de estos “soldaditos” fueron asesinados a manos de
sus superiores por no querer disparar contra el pueblo que bloqueaba.
A la población de El Alto se unió también una clase
media de la ciudad de La Paz, que a través de intelectuales, personalidades
públicas, como la ex defensora del pueblo Ana María Romero,
comenzaron a organizar piquetes de huelguistas de hambre. Cerca de 1.000
personas formaban estos piquetes en todo el país el día
17, cuando Goni puso a disposición del Congreso Nacional su cargo.
La presión social de todos los sectores del país, la falta
de gobernabilidad y la falta de apoyo de su gabinete ministerial derivaron
en una salida constitucional.
“Democradura”
El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en el transcurso de
los acontecimientos, insistía en que lo que se estaba viviendo
en Bolivia era un golpe de estado y un atentado contra la democracia.
Pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la política
de Goni tenía sombras de dictadura, lo que había hecho que
una semana antes del conflicto, en una edición del semanario Pulso,
Ana María Romero hablara ya de una democradura. En los días
del conflicto esto se vio acentuado por el uso indiscriminado de las fuerzas
armadas en contra de la población y por el amedrentamiento de algunos
medios de comunicación que se alzaron con la voz del pueblo. Radio
Pachamama, Red Erbol, Canal 36 y canal 4 RTP fueron amenazados para que
dejaran de transmitir. Asimismo, el gobierno confiscó un número
de El Diario en el que se pedía la dimisión de Goni y se
intentó censurar el semanario El Pulso. Otras emisoras, como Radio
Jimena o Radio Pío XII fueron cerradas e impedidas de realizar
su labor periodística.
El
nuevo gobierno y lo que se viene ahora
El periodista e historiador Carlos de Mesa, que se presento junto a González
Sánchez de Lozada en las elecciones de 2002 como independiente,
es ahora el nuevo mandatario de Bolivia.
El nuevo presidente del Gobierno pareció empezar con buen pie en
el país. Al día siguiente de su nombramiento, subió
a la ciudad de El Alto a mostrar su apoyo a la población. Era la
primera vez que un presidente visitaba esta ciudad en los 21 años
de democracia del país. “No me serviré de la Nación,
sin que serviré a la nación”, dijo en su discurso de
toma de posesión.
El presidente Mesa afirma que su gobierno está determinado por
la atención a las demandas de los diferentes sectores sociales.
Para ello, cuenta con un gabinete ministerial formado por intelectuales
independientes.
Sin embargo, no son pocos los retos a los que se enfrenta en nuevo presidente.
La Central Obrera Boliviana, COB, le ha dado una tregua de 90 días
para cumplir sus promesas. Pero, ¿cuáles son las urgencias
de Bolivia en este momento?
La primera demanda común de la población es la revisión
de la ley de hidrocarburos y un referéndum sobre la exportación
del gas. A este respecto, lo que más se necesita es información
para que la población tenga un criterio apropiado sobre los beneficios
de esta exportación.
La COB incorpora a sus demandas la revisión de la ley de Seguridad
Ciudadana, en la que se señala que todos los que realicen bloqueos,
mítines o manifestaciones de protesta serán detenidos por
los efectivos policiales; la revisión del Código Tributario,
que ahora viene a ser un “impuestazo” en todos los salarios;
mejoras salariales para los trabajadores; la no participación de
Bolivia en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Por su parte, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos
pide además el cumplimiento de su pliego de peticiones de 42 puntos;
la compra de mil tractores para la agricultura. El sector de los cocaleros
cuenta entre sus peticiones con la legalización del cultivo de
la coca. El Movimiento Sin Tierra busca una nueva distribución
de la tierra con la consigna de “la tierra es para quien la trabaja”.
Otro de los sectores sociales con importantes demandas son los desocupados,
piden al gobierno la creación de nuevos empleos. Además
de éstos, existen varios movimientos sociales con demandas sectoriales
(4), a las cuales Mesa deberá responder de una u otra manera.
Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de los sectores tienen
como demanda común la no exportación del gas, no toda la
población Boliviana opina de la misma manera. Así, las regiones
de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija están también alzando
su voz para que el gas se exporte, y se exporte por Chile.
Carlos Mesa tiene mucho por hacer si quiere responder a todas las demandas
y que el pueblo no se levante contra él.
*
Del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza en El Alto.
Resumen de Demetrio Patocho
Más información:
>El
conflicto del gas en cifras
(1) Nombre de los campesinos que antes tenían grandes extensiones
de tierras en común, y estaban organizados por comunidades.
(2) Situada a 12 kilómetros de La Paz, El Alto se caracteriza
por ser una ciudad joven, pobre, con pocos servicios, y cuya población
sobrevive día a día principalmente del mercado informal
y del comercio.
(3) La capitalización viene a ser un tipo de privatización,
solo que el gobierno lo denominó así. Más o menos
es que el 49% del capital era privado, y el 51% del Estado. Pero en la
práctica, las empresas tienen más capital privado.
(4) Sectores movilizados en Bolivia: magisterio urbano y rural,
colonizadores de La Paz, Coordinadora del Gas, transportistas interprovinciales,
Federación Única de Trabajadores en carne de El Alto, mineros,
jubilados, trabajadores de la salud, trabajadores de la Seguridad Social,
profesionales, gremiales, organizaciones vecinales, estudiantes de universidad
y de institutos, panificadores, etc. Esta variedad de intereses explica
en parte porqué, ante la debilidad del gobierno, no se le contrapuso
ni se le contrapone una alternativa surgida de los sectores, por lo menos
de los más activos. [nota: Demetrio Patocho].