Declaración de Libertarias ante el Patronato de Protección de las Mujeres

Los regímenes penitenciarios han sido, a lo largo de la historia, sustancialmente distintos para hombres y mujeres; para estas últimas, a la represión se le ha unido siempre la vocación de control moral y de sus cuerpos. En nuestro país se ha caracterizado, durante siglos, por la aplicación de un sistema indefinido fuera del régimen carcelario, en el que las normas de reclusión se desdibujaban entre los castigos por delitos y el control por prácticas consideradas inmorales o pecaminosas. Un sistema aplicado y sostenido por instituciones religiosas, en las que oración y sufrimiento se consideraban las mejores recetas para redimir y hacer volver al redil a las mujeres descarriadas.

De estas fuentes bebe el Patronato de Protección a la Mujer franquista, que nace de la reestructuración del organismo existente durante la Segunda República mediante Decreto de 6 de noviembre de 1941 con el fin de “dignificar la moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la Religión Católica”.

Uno de sus primeros objetivos, sin duda, era la represión y reeducación de mujeres del bando republicano; aunque sus propósitos fueron mucho más allá social y temporalmente, y podían alcanzar a cualquier mujer de entre 16 y 25 – rango que no siempre se respetó, y hubo niñas de hasta doce años entre sus muros-.

Para llevar a cabo semejante labor se dotó al Patronato de una cada vez mayor red burocrática y territorial, con Juntas Nacionales, Provinciales y Delegaciones Locales dependientes e incardinadas en las estructuras gubernamentales. En una sociedad paralizada por la violencia, la represión y a la que se impuso a hierro y fuego los principios del nacionalcatolicismo, caer en las garras del Patronato era una posibilidad que sobrevolaba sobre cualquier mujer que tratara de salirse del asfixiante sistema impuesto, dado que todo su entorno se había convertido en un aliado del régimen para reprimirla.

Así, las vías a través de las que una mujer llegaba al patronato eran múltiples: Desde redadas policiales en bares y cines hasta denuncias de la propia familia alegando que no podía hacer carrera de ellas, pasando por el ingreso voluntario de aquellas que terminaban renunciando a su libertad ante la imposibilidad de encontrar un espacio donde desarrollar su propia vida.

Pero como el sistema no dejaba nada al azar, además creó un cuerpo especial de funcionarias, el de celadoras, que visitaban y vigilaban aquellos espacios en que las mujeres jóvenes pretendían encontrar algo de libertad y diversión e imponer sobre ellos, igualmente, la asfixiante e hipócrita moral cristiana, y deteniendo a aquellas que consideraban descarriadas.

Porque las razones para su ingreso eran tan variopintas como absurdas; besarse en un cine, bailar agarrado, fumar a escondidas, llevar la falda demasiado corta, ser víctima de una violación, ser homosexual, negarse a rezar o, sencillamente ser pobre.

Sin embargo, hay dos causas en las que el régimen puso especial interés, vinculadas en ambos casos a la sexualidad, cuya represión para las mujeres ponía en evidencia la hipocresía y diferencia de trato para con los hombres. La primera es la prostitución, que regresa, tras el periodo de la Segunda República, a ser consentida y aceptada socialmente, siempre que no se produjera escándalo público; un escándalo que solo podía provocar las mujeres que la ejercían, a quienes se perseguía con escarnio, tachándolas de inmorales, locas, pervertidas… Por ello estas mujeres fueron brutalmente maltratadas en los centros del Patronato.

La segunda vinculada a los embarazos de menores fuera del matrimonio, considerado uno de los mayores pecados, y a sus responsables, dignas del más absoluto desprecio. Chicas muy jóvenes, casi siempre muy asustadas, a quienes, en un momento de tanta fragilidad se trataba sin ningún respeto, con extrema dureza, constante maltrato psicológico, y de quienes además se extrajo uno de los grandes negocios del régimen: la compraventa de bebés.

Para poder llevar adelante esta tarea represiva y de control, fue imprescindible la colaboración de la Iglesia, constructora ideológica de la moral cristiana impuesta, y cuyas órdenes religiosas -oblatas, adoratrices, cruzadas evangélicas, auxiliares del buen pastor…-regentaron los centros de reclusión. Bajo la custodia de estas órdenes religiosas miles de mujeres sufrieron durante más de 40 años maltrato físico y psicológico, falta de alimentación, represión, aislamiento, explotación laboral, robo de sus hijos; daños y escarnios que las han dejado huellas indelebles en sus vidas y sus memorias. Daños que han marcado el devenir de sus vidas en muchas ocasiones, dejándolas faltas de autoestima y recursos para enfrentarse a la realidad que les esperaba fuera. Daños nunca reconocidos, nunca reparados, por los que nadie nunca les ha pedido disculpa, ni ha sentido la necesidad de compensarlas.

Y para poner en evidencia la falta de atención que cualquier tema vinculado con los derechos de las mujeres ha tenido siempre en nuestra sociedad, esta institución convivió con nuestra democracia durante 10 años, continuó encerrando a mujeres, maltratándolas, imponiéndoles una moral que resultaba trasnochada fuera de esos muros, sin que nadie sintiera la necesidad de investigar que es lo que estaba ocurriendo. Y solo ante la denuncia de algunas de las afectadas, y el miedo a un escándalo público que evidenciara que ocurría dentro de las cocinas del tan progresista gobierno de psoe; se le dio un rápido carpetazo, cerrando la tapa de la historia de miles de mujeres a lo largo de 40 años, sin dejar entrever un ápice de lo que allí había ocurrido, y sin cuestionar en ningún momento la labor de las congregaciones que lo llevaron a cabo.

Y con esa gran capacidad de la Iglesia de transformarse camaleónicamente cuando es preciso, dando la imagen que el momento requiera y seguir imperturbable con sus actividades. Podemos encontrar a día de hoy a las mismas órdenes religiosas, en muchas ocasiones en las mismas instalaciones incluso, atendiendo a mujeres migrantes, víctimas de violencia de género, madres solteras…. con los fondos que nuestros gobiernos les proporcionan a través de subvenciones sin que nadie entre dentro de sus muros y fiscalice sus principios ni métodos, sin que nunca les pidieran cuenta por el mal cometido, ni vigilen que sigan haciéndoselo, bajo nuevos programas, a sus actuales usuarias.

Tras más de 80 años de la aparición del Patronato para la protección de la mujer y 45 de su desaparición, solo el empeño de algunas de sus víctimas y el arduo trabajo de unas pocas investigadoras, hace posible que su historia no haya sido cubierta definitivamente por los escombros del olvido que tan bien viene al patriarcado; de hecho, ni siquiera se han molestado en incluir su denuncia en la nueva y bochornosa Ley de Memoria Democrática, a pesar de la insistencia de muchas compañeras.

Es por todo eso que desde Libertarias RECLAMAMOS:

1. Indemnizaciones y reparación para las mujeres vivas víctimas del Patronato.
2. El reconocimiento y la disculpa ante familiares y personas allegadas de las víctimas ya fallecidas.
3. Abrir los archivos públicos referentes al patronato para que se pueda acceder sin impedimento a quienes están investigando este tema.
4. Retirar cualquier ayuda o subvención que estén disfrutando a las instituciones religiosas mientras no entreguen sus archivos. Subvenciones ilegítimas que nunca han debido recibir sin la previa reparación de todo el daño causado. Una reparación que va mucho más allá de un acto vacío y sin ninguna acción proactiva como los que se están proponiendo.
5. La creación de becas que favorezcan la investigación de la institución y sacar a la luz todo el material archivado.
6. Exigimos actuaciones de reparación y declaraciones públicas por parte de las instituciones reconociendo el dolor y sufrimiento causado a las mujeres internadas en el Patronato, y que se asuma la responsabilidad por permitir que se prolongara 10 años tras la muerte del dictador y la supuesta llegada de la democracia.
7. Que se haga la suficiente difusión de todas las declaraciones públicas de su rechazo en aras a la toma de conciencia del grave perjuicio sobre las personas y la sociedad de tales instituciones y evitar que vuelvan a reproducirse.