Paremos la guerra antes de que empiece.



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En los últimos meses, el presidente del Gobierno español, José María Aznar, ha viajado al menos en dos ocasiones a Estados Unidos para reunirse con su homólogo norteamericano, George W. Bush. Durante el primer encuentro, celebrado a finales de diciembre en Washington, ambos mandatarios abordaron cuestiones como la catástrofe producida por el hundimiento del Prestige o la situación de las empresas españolas y estadounidenses en Latinoamérica. Pero el tema estrella de la visita de Aznar a EEUU –donde también se entrevistó con el presidente de la Reserva Federal de este país, Alan Greenspan, y del Fondo Monetario Internacional, Horts Kholer– fue la crisis de Iraq, enmarcada en lo que denominan “campaña contra el terrorismo internacional”. Según publicó la prensa española, Bush y Aznar conversaron sobre cómo afrontar la intervención contra el país del Medio Oriente, decisión que, en primera instancia, supeditaron al contenido de los informes elaborados por los inspectores de desarme de las Naciones Unidas.

El 27 de enero, semanas antes de que el jefe de estos inspectores, Hans Blix, presentara su informe ante la ONU, Aznar reconocía que si hay intervención militar apoyaría a EEUU incluso sin una nueva resolución de la ONU que así lo estipulase y ordenó la retirada del personal de la embajada española en Bagdad.

La postura del presidente español venía precedida por una serie de conversaciones que Aznar y sus asesores han mantenido con “halcones” pro israelíes de gran influencia en las estructuras de poder en Estados Unidos. Según fuentes de la comunidad judía norteamericana a las que KALEGORRIA ha tenido acceso, estos contactos han sido promovidos por financieros como el multimillonario Marc Rich, propietario del fuel derramado por el Prestige.

El magnate judío, estrechamente ligado a Aznar y a su esposa, Ana Botella, y asociado a tramas financieras del Partido Popular y de La Zarzuela (ver KALEGORRIA número 18), habría intermediado para que el mandatario español relevase a Tony Blair en el papel de “escudero” europeo del intervencionismo USA. A tal efecto, Bush e Israel han promovido la designación de Aznar como presidente del Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de la ONU, en sustitución del representante del Reino Unido, el embajador británico ante Naciones Unidas, Jeremy Greenstock.
El 22 de febrero el presidente español volvió a trasladarse a EEUU para pasar el fin de semana con Bush en su rancho de Texas. Aznar, en su papel de nuevo abanderado europeo de las multinacionales que pretenden saquear Iraq, fue agasajado como “el mejor aliado de USA en la Unión Europea...” por un presidente nortea-mericano que se vió obligado a enmendar el lapsus apostillando que sería “...con la ayuda de Blair”.

Rich y Jiménez de Parga
Para esas fechas, la candidatura de Aznar para presidir el comité antiterrorista internacional contaba ya con el aval de Marc Rich, una de las cabezas visibles del poderoso lobby que financia las campañas presidenciales de George W. Bush y Ariel Sharon. El jefe del Gobierno español –cuya imagen ante la opinión pública está cayendo en picado– recibe así el espaldarazo de un magnate judío que, a finales de la pasada década –cuando aún se encontraba prófugo de la justicia de EEUU–, obtuvo los favores del entorno de Aznar. Quien ejerció entonces de abogado de Marc Rich fue Manuel Jiménez de Parga, designado por el PSOE como miembro del Tribunal Constitucional español en 1995 y aupado por Aznar a la presidencia del alto tribunal en noviembre de 2001. En los últimos meses, el privilegiado asesor de Rich se ha visto envuelto en serias polémicas al mostrar abiertamente –en contra de la cautela y ecuanimidad que exigiría su cargo– una postura decidida por la ilegalización de Batasuna y una actitud beligerante frente al reconocimiento de las nacionalidades históricas.

A principios de 1998 (fecha en la que ejercía como magistrado del Tribunal Constitucional) el magnate judío encomendó a Jiménez de Parga el día a día de las gestiones que, a través de la embajada norteamericana en Madrid, realizó con la Fiscalía USA y con el FBI al objeto de llegar a un acuerdo para saldar sus cuentas con la justicia estadounidense: 51 delitos fiscales y la petición de trescientos años de condena por la evasión de 48 millones de dólares.

La labor de Jiménez de Parga pareció dar sus frutos y un representante de la Fiscalía estadounidense se dispuso a viajar a Madrid para sellar un acuerdo. El pacto incluía la cooperación de Rich con el FBI en el esclarecimiento de cuestiones tales como la ruptura de algún que otro bloqueo petrolífero y la venta de tecnología. Pero la Casa Blanca se interpuso en el camino y tramitó su indulto. Bill Clinton concedió el perdón al magnate tras una campaña de presión en la que, además de influyentes personalidades israelíes e internacionales, participaron la familia real española, Fernando Fernández Tapias (vicepresidente de la patronal española involucrado también en la catástrofe del Prestige) y el ya fallecido premio Nobel de Literatura Camilo José Cela.

Pero no es ésta la única vinculación del multimillonario judío con la familia Jiménez de Parga. KALEGORRIA ha constatado que uno de los hijos del presidente del Tribunal Constitucional, el abogado Pablo Arturo Jíménez de Parga Maseda, es desde el 21 de septiembre de 1999 secretario del consejo de administración de Andria Inversiones Inmobiliarias, una de las empresas que preside Marc Rich en el Estado español. El hijo del magistrado se ha significado además como letrado defensor de un conocido dirigente de los GAL. Junto al propio Felipe González, defendió al ex ministro de Interior José Barrionuevo durante el juicio en el que fue condenado por su participación en el secuestro de Segundo Marey y en el proceso de los fondos reservados de la guerra sucia contra ETA.

El ariete europeo de Bush
A pesar de la creciente oposición en el Estado español a la guerra contra Iraq –como pusieron de manifiesto las multitudinarias manifestaciones de protesta y reflejó un sondeo dado a conocer por Gallup Internacional–, el pasado 30 de enero el presidente español sorprendió a la opinión pública mundial al promover una carta de apoyo a Bush frente a Iraq. La iniciativa –que, según aseguró el ministro de Exteriores húngaro, partió de Aznar y Blair– respaldaba los esfuerzos norteamericanos por desarmar a Iraq y fue suscrita por los líderes de Reino Unido, Estado español, Italia, Portugal, Hungría, Dinamarca, Polonia y República Checa.

El sondeo de Gallup constataba que, de entre 39 países consultados, es el Estado español donde los planes bélicos despiertan mayor rechazo. Un 74,2% de los encuestados res-pondían “en ningún caso” a la pregunta de si estaría a favor de una intervención militar contra Iraq. Sólo un 13,2% veía bien el ataque y, en todo caso, “con aprobación de la ONU”.

Quince días después de la primera reunión entre Aznar y Bush, la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, anunció, tras dejar claro que la lucha contra el terrorismo será la “prioridad número uno” para el Gobierno Aznar en el año 2003, la intención del Estado español de presidir el Comité Antiterrorista de la ONU, creado en virtud de la resolución 1.373 del Consejo de Seguridad que se aprobó el 28 de septiembre de 2001, días después de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Esta resolución obliga a los 191 estados miembros a adoptar medidas antiterroristas y su aplicación provocó las reticencias de Amnistía Internacional, que mostró en un documento su temor a que se vulnerasen derechos y libertades fundamentales para el individuo.

Finalmente, el pasado 30 de enero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nombró al Estado español para presidir dicho Comité. La presidencia del mismo la ostenta actualmente el embajador británico ante la ONU, que dejará su cargo a finales de marzo o principios de abril, fecha en la que será relevado por el representante español. El Estado español accedió también a principios de año al Consejo de Seguridad de la organización mundial como miembro no permanente, donde estará durante los siguientes dos años.

Además, el Estado español asume la vicepresidencia de los comités encargados de tratar las sanciones contra miembros de Al Qaeda y autores de crímenes en Ruanda, siendo Alemania la elegida para presidir el comité que establecerá las sanciones contra Iraq y la responsable de decidir respecto al precio de las exportaciones de crudo de ese país y sus contratos para importaciones.

Dirá quiénes son terroristas
El Comité Antiterrorista de la ONU tiene como cometido recibir y analizar los informes que los países miembros deben enviar a la ONU respecto a las medidas que han tomado en la lucha contra el terrorismo. Es también el encargado de analizar las sanciones contra los ex gobernantes talibanes de Afganistán y contra los miembros de Al Qaeda. Su principal misión es reunir información y confeccionar listas de individuos y organizaciones vinculadas con la red de Usamah Bin Laden.
Durante una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU que tuvo lugar también en enero para abordar el tema de la lucha antiterrorista, la ministra de Asuntos Exteriores española vinculó el terrorismo internacional con los países que disponen de armas de destrucción masiva “y que puedan alentar y proteger a quien cometa actos terroristas”.

Ana Palacio también explicó en esa comparecencia que su país había decidido promover en el Consejo de Europa la negociación de un convenio sobre la definición de terrorismo para que los países europeos lo “contemplen” como delito, con unas características y sanciones “homogéneas”. El futuro convenio que promoverá el Estado español vinculará a un número mucho más elevado de países y ciudadanos: 44 estados frente a 15, con una población de 800 millo-nes de personas frente a los 300 mi-llones de habitantes que tiene la Unión Europea.

Lucha anti ETA
El apoyo incondicional del Estado español a los planes belicistas de Estados Unidos se presentó a la opinión pública española como imprescindible para conseguir la colaboración de Estados Unidos en la lucha anti ETA. En este sentido, responsables políticos del PP han declarado recientemente que no es ninguna casualidad que los jefes militares de la organización armada hayan sido capturados dos veces desde el verano.

Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil, de la Policía española y del servicio secreto, CNI, coinciden en señalar que Estados Unidos jamás ha facilitado ningún dato que haya permitido detener a un comando de ETA. Un responsable policial declaraba en una entrevista reciente que “lo más que nos han pasado han sido notas aisladas sobre personas con apellidos vascos residentes en Venezuela y Panamá, pero también informaron de un individuo que había mantenido encuentros en Suramérica y resultó ser de Izquierda Unida”.

Debido a la escasa información que EEUU puede facilitar, las peticiones de colaboración se han centrado casi exclusivamente en apoyo tecnológico. El Estado español presentó el descubrimiento en 1986 de un arsenal de ETA en la cooperativa Sokoa de Hendaia como resultado de esta cooperación, ya que lo que habría puesto en la pista a la Policía española fueron los emisores cedidos por la CIA que se colocaron en dos lanzamisiles vendidos a ETA. Según parece, este fue uno de los pocos éxitos cosechados gracias al apoyo de EEUU. En marzo de 1999, la Policía francesa detuvo a José Javier Arizkuren Ruiz y le incautó un ordenador. El disco duro tenía un programa de encriptación y ni los expertos españoles ni los franceses fueron capaces de descifrarlo, por lo que decidieron enviarlo a EEUU. Pese a contar con la mejor tecnología del mundo, tampoco los servicios estadounidenses lo consiguieron. Actualmente, el contenido del disco duro del ordenador del militante de la organización armada sigue siendo una incógnita. Los mandos de la lucha anti ETA coinciden en que la cooperación estadounidense, aunque creciente, es infinitamente menor a la del Estado francés. Nadie ha sugerido, sin embargo, que ello obligue al Estado español a alinearse con el Estado francés en la crisis de Iraq. Al contrario, además de llevar la contraria a Alemania y al Estado francés –dos de sus principales socios económicos– el Estado español apoya la guerra a pesar de la fuerte oposición mundial y de los costes que su actitud belicista puedan tener a nivel electoral para el Partido Popular.

Así pues, entre las razones que llevan a Aznar a mostrar total sumisión a las tesis de EEUU quedaría desplazada la colaboración en materia antiterrorista y pasarían a primer plano cuestiones como tener el apoyo de Bush en caso de nuevos desencuentros con Marruecos (las gestiones de Collin Powell fueron determinantes para poner fin a la crisis del islote de Perejil), para acceder a una futura presidencia de la Unión Europea, para poder reeditar la Conferencia de Paz de Madrid sobre el conflicto en Oriente Próximo y en la aspiración del presidente del Gobierno de que el Estado español entre en el club de los países más industrializados del mundo, el G-7.

Israel y el lobby judío
EEUU se presenta a la opinión pública mundial como el único país dispuesto a emprender una acción armada unilateral contra el pueblo iraquí. Ya en 1991, antes de que comenzase la Guerra del Golfo, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albraight, a la sazón embajadora de EEUU ante las Naciones Unidas, informó al Consejo de Seguridad de la ONU de que su país, Estados Unidos, “actuará multilateralmente cuando podamos y unilateralmente cuando debamos”, porque “reconocemos esta región como importantísima para los intereses nacionales de Estados Unidos y, por tanto, no aceptamos coacciones externas”.

Lo cierto es que el Estado de Israel juega un papel determinante en este nuevo conflicto debido a la gran capacidad que tiene de ejercer presión sobre las altas instancias políticas estadounidenses. La relación entre estos dos países se ha explicado de diversas formas. Autores como James Petras señalan que existe un aspecto único en la relación entre un poder imperial como el de EEUU y uno regional como Israel. Este aspecto especial estriba en que Israel es el país que más le presiona económicamente, ya que le asegura una vasta transferencia de recursos financieros (2,8 mil millones de dólares anuales, 84 mil millones en 30 años). Israel, por su parte, obtiene de este país la transferencia de tecnología punta y armamento sofisticado, entrada ilimitada de sus productos a los mercados estadounidenses, entrada libre de inmigrantes, compromiso de apoyo incondicional en caso de guerra, complacencia en la represión de los palestinos y veto garantizado contra las resoluciones de las Naciones Unidas.

La explicación a que el poder imperial se pliegue al regional descansa en el papel poderosamente influyente que juegan los judíos pro israelíes organizados en lobbys que se sitúan en los medios de comunicación, en sectores estratégicos de la economía estadounidense, los partidos políticos, el Congreso y el Ejecutivo. Los colonos israelíes en EEUU han invertido y donado miles de millones de dólares a Israel, en algunos casos mediante el desvío de fondos de las cuotas sindicales destinadas a los trabajadores de bajos salarios para luego comprar bonos del Estado de Israel que financian los asentamientos de colonos en los territorios ocupados. En otros casos, Israel ha protegido a judíos fugitivos de la justicia estadounidense, especialmente a estafadores financieros multimillonarios como Marc Rich, e incluso a gangsters y asesinos. Las ocasionales demandas oficiales de extradición por parte del Departamento de Justicia estadounidense han sido ignoradas repetidamente.

Los casos Rich y Gusinski
El caso de Marc Rich es especialmente grave. Este empresario judío de origen belga, dueño del fuel que transportaba el Prestige y que ahora contamina la costa gallega y cantábrica, estaba en busca y captura desde 1983, llegando a ocupar el puesto número seis en la lista de los más buscados por el FBI. Acusado de 51 delitos financieros por la Fiscalía de Nueva York y de evadir 48 millones de dólares en impuestos, podían condenarle a más de 300 años de cárcel. Entre sus delitos se encuentran el blanqueo de dinero, la extorsión, el tráfico de armas y de petróleo y la corrupción política.

Rich también disfrutó del apoyo del Estado español para huir de la Justicia de EEUU. Así, en 1982 el entonces ministro de Justicia Pío Cabanillas (quien coincidió en el primer Gobierno de UCD con Manuel Jiménez de Parga, que ocupó la cartera de Trabajo) le otorgó la nacionalidad española y el magnate pasó a establecer en Madrid su centro de operaciones. A mediados de los 80 intimó con Javier Corcuera y Enrique Múgica Herzog, entonces ministros de Interior y Justicia con el PSOE. Fue fundador de las organizaciones patronales madrileña y española (CEIM y CE-OE) y entre sus colaboradores financieros se encuentran León Benelbas y Petra Mateos, ex altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda. Según el FBI, las autoridades españolas pusieron constantes trabas para detener a Rich y extraditarlo a EEUU.

Numerosas personalidades del ámbito internacional con las que Rich mantenía relaciones políticas y económicas presionaron para que no fuese juzgado. En el Estado español, el empresario Fernando Fernández Tapias, el premio nobel Camilo José Cela y la propia Zarzuela (a través de gestiones telefónicas realizadas por el rey Juan Carlos I y misivas enviadas por Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía) colaboraron en la campaña con la que se pretendía limpiar la imagen del empresario judío ante la previsible concesión de un indulto por parte del presidente norteamericano. Finalmente, en el año 1999 Bill Clinton le concede el indulto, previo abono de 600.000 dólares para su campaña presidencial.

Algunos de estos mismos personajes protagonizaron un episodio similar en 2000, cuando comenzó el denominado “caso Gusinski”. En ese año, el juez Baltasar Garzón ordenó la captura e ingreso del magnate ruso de la comunicación Vladimir Gusinski, presidente del grupo Media-Most, el poderoso holding de empresas que incluye la cadena de televisión NTV, un canal que ha sido objeto de frecuentes ataques por parte de Vladimir Putin. Al presidente ruso no le gustaba la línea crítica con el Kremlin que mantenía NTV y muy especialmente en lo concerniente a la guerra de Chechenia. Acusado por la Fiscalía de su país de una presunta estafa de 40.000 millones de pesetas cometida en 1996, Gusinski, nada más ser detenido, comenzó a realizar gestiones para evitar ser extraditado. El Congreso Judío Mundial tomó cartas en el asunto y lo hizo acudiendo a la máxima representación del Estado español. Solicitó al rey Juan Carlos I su mediación para que se dejase en libertad al magnate ruso. La respuesta del monarca es un misterio, pero lo cierto es que el 18 de abril de 2001 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó la extradición a Rusia de Gusinski.


F U E N T E S:
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