Paremos la guerra antes de que empiece.



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Estados Unidos es el primer consumidor del petróleo que se produce en Iraq, con 846.000 barriles al día, por delante del Estado francés (con 95.800), Oriente Medio ( con 85.000), Italia (con 79.300) y el Estado español (con 51.900). A pesar de ser el mayor importador de crudo iraquí, ninguna empresa estadounidenses opera en Iraq dentro del programa “Petróleo por alimentos” y el Gobierno USA interpreta interesadamente que ninguna lo hará mientras Saddam Hussein siga en el poder.

La explicación directa para entender esta guerra es la intención de EEUU de controlar y explotar el petróleo iraquí utilizando su venta para pagar el coste del conflicto y la posterior ocupación. Pero con esta intervención también beneficiará a la industria petrolera aliada a través de adjudicaciones de explotación que permitirán a las empresas beneficiarias (Exxon Mobil, Chevron Texaco, Shell y BP) controlar el precio del crudo a nivel mundial minando el poder de la Organización Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y obligando a otros países a abrir sus yacimientos.
A Iraq se le adjudican unas reservas probadas de 112.000 millones de barriles de crudo, las mayores del mundo después de Arabia Saudí. La guerra y el establecimiento de un gobierno controlado por EEUU conforman la estrategia aliada para hacerse con ese crudo y pagar, con parte de los beneficios de su venta, la “reconstrucción del país”. Lo reconocía abiertamente el senador republicano Richard Lugar, que en una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, celebrada el 31 de julio pasado, decía: “Vamos a administrar el negocio del petróleo. Vamos a administrarlo bien; vamos a hacer dinero y eso pagará la reconstrucción de Iraq porque ahí hay dinero”.

Las petroleras estadounidenses y británicas estiman que si se desarrolla la infraestructura adecuada (ahora muy dañada tras doce años de embargo) Iraq puede producir 8 millones de barriles al día, frente a los 2,3 millones de barriles que produce actualmente. De ser así, el país que aún gobierna Saddam Hussein se convertiría en el segundo mayor productor de petróleo del planeta a costa de perder sus reservas. Hablando en dinero: los 250 millones de barriles de crudo que puede asumir Iraq valen en el mercado 2,9 billones de dólares, descontando los costes de producción. De esta manera, cada una de las empresas implicadas en esta operación lograría un beneficio de 29.000 millones de dólares al año, lo que equivale a dos tercios de los beneficios globales de las cinco empresas más importantes del sector.

Esquilmar el petróleo iraquí
Iraq también interesa a estas empresas por un deseo de diversificación geográfica. Exxon Mobil y Chevron Texaco (muy ligada a Condoleezza Rice, Consejería de Seguridad de Bush y directiva de la compañía hasta 2000) están muy concentradas en el continente americano. Royal Dutch/Shell está siendo castigada por el peso de sus bienes en zonas conflictivas del continente africano (Nigeria, Angola) mientras BP tiene gran presencia en el golfo de México, mar del Norte y Alaska, zonas donde el clima y la profundidad de los yacimientos implican un elevado coste de producción. Estas cuatro firmas son las que llegarán a Iraq junto a los marines y los helicópteros.

Si serán éstas las únicas beneficiadas queda por ver, ya que las vinculaciones de la Administración Bush con el sector petrolero son amplias. Aparte de la ya mencionada en Chevron, el propio Bush fue directivo de Arbusto Oil y Harken (en manos de su familia); el vicepresidente Cheeney controla el mercado de suministros a través de Halliburton (entre 1997 y 2000 cobró 73 millones de dólares del Gobierno iraquí por suministrarle equipos de extracción); el ministro de Comercio, Donald Evans, fue presidente de la petrolera Tom Brown mientras la responsable de Interior, Gale Norton, figuró como consejera de varias empresas del sector.

Especulación en bolsa
Un informe del Foro de Política Global de la ONU, hecho público por Europa Press y apoyado por otro del Instituto Petrolero de Londres, mantiene que el éxito de la estrategia USA para el petróleo iraquí tendría un segundo efecto positivo para los intereses aliados: obligaría a los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) que tienen el petróleo nacionalizado (Arabia Saudí, Irán, Kuwait o Venezuela) a privatizar sus compañías y ofrecer a las refinerías de USA y Reino Unido nuevas concesiones, con el fin de sacar mayor rentabilidad a sus áreas de explotación. En otras palabras, con esta operación se conseguiría abrir el mercado global del petróleo minando la autoridad de la OPEP, acabando con las ansias nacionalizadoras de determinados gobiernos y multiplicando así las posibilidades de negocio a través de la especulación.

La jugada es sencilla: los acuerdos de producción compartida (o PSA), convenios que firma Iraq con algunas empresas ofreciendo los derechos de explotación sobre determinados yacimientos para cuando acabe el embargo, implican una buena cotización en bolsa. Mediante esta clase de acuerdos, la empresa inscribe en su balance las reservas que controla o controlará en un futuro. Los métodos contables consideran esos derechos como activos tangibles y las empresas los utilizan para conseguir inversores. El otro tipo de contratos que se usa, el de prestación de servicios (obligatorio en países como Irán o Kuwait), es menos remunerativo y no tiene el mismo buen efecto sobre las acciones de las petroleras.

El Gobierno de Saddam Hussein sólo ha firmado acuerdos de producción compartida (PSA) con compañías europeas, rusas y chinas buscando así el apoyo de estos países para conseguir el levantamiento de las actuales sanciones. La petrolera francesa TotalfinaElf, la rusa Loukoil y la China National Oil Company firmaron en 1997 contratos de explotación con las autoridades iraquíes por valor de 41.000 millones de dólares, lo que las pondría en una situación ventajosa de continuar el actual régimen y finalizar el embargo. Este dato podría explicar el posicionamiento de estos tres países (todos ellos con derecho a veto) en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU frente a los planes de guerra. La respuesta estadounidense amenazando con tomar la iniciativa de forma unilateral confirma la importancia que EEUU da a lo que realmente se está jugando en Iraq.

Gobierno de ocupación
Apuntadas ya las claves económicas que explicarían el ansía de guerra de la Administración Bush, queda por perfilar cómo pretenden reorganizar el país. Tras varios meses de negociaciones con la oposición iraquí y años financiándola, la Administración norteamericana no confía en que aquella sea capaz de liderar un gobierno de postguerra en Bagdad favorable a sus intereses. Un plan estadounidense, hecho público parcialmente en "The New York Times" el pasado 6 de diciembre, revela que el Gabinete Bush preve la instalación de un gobierno militar estadounidense una vez sea derrocado el régimen de Saddam Hussein. El documento, denominado "Administración y democratización de Iraq", explicita que "el aparato militar estadounidense será el actor central que gobierne el país algún tiempo" (lo cifran en torno a los dos años), concediéndose a si mismo una "autoridad incuestionable" sobre el país.

Para maquillar este gobierno colonial y evitar las protestas de los vecinos árabes, se instaurará un régimen mixto, con un comandante del Ejército de EEUU (presumiblemente el general Tommy R. Franks, Comandante en jefe del Comando Central que opera en el Golfo Pérsico) responsable de las tareas de seguridad y algún tipo de administrador civil, designado por Naciones Unidas, que se encargará de poner en marcha la "reconstrucción" del país y la gestión de la ayuda humanitaria.

El plan prevé la posibilidad de establecer un consejo consultivo, que asesorará al gobierno militar estadounidense y, mucho más tarde, una administración civil que, finalmente, de paso a la recuperación del poder por los iraquíes. El plan especifica además que se enjuiciará por crímenes de guerra a los altos mandos iraquíes que no colaboren con el derrocamiento de Saddam.

Doce años de guerra para hundir al país
Según el Pentágono, desde la Guerra del Golfo (1991) se han realizado en Iraq un total de 280.000 vuelos militares y "acciones de castigo" con un gasto entre los 50.000 y 60.000 millones de dolares El programa "Petroleo por alimentos" empezó con Denis Halliday, subsecretario general de la ONU, como máximo responsable. Le sucedió Hans Von Sponeck. Profesionales con una larga experiencia en el campo humanitario, dimitieron de sus cargos y renunciaron a sus respectivas carreras en la ONU tras calificar el embargo al pueblo iraquí como auténtico "genocidio".

En los últimos años el régimen de sanciones se ha mantenido principalmente por la voluntad estadounidense, pues el resto de países que integran el Consejo de Seguridad, incluido el Reino Unido, han manifestado dudas sobre la idoneidad de esas sanciones.

En 1996 se creo el programa "Petroleo por alimentos", que permitía a Iraq exportar una determinada cantidad de crudo con el fin de aliviar su situacion humanitaria. Sin embargo, debido a la política de veto impuesta por USA en el Comité de Sanciones de la ONU, la entrega de medicinas, suministros médicos y productos alimenticios de primera necesidad ha sido reiteradamente bloqueada. En enero de 2002, los responsables de Naciones Unidas cifraban la cantidad bloqueada en mas de cuatro billones de dolares. Frente a esta cifra se situa otra mas espeluznante todavía: se calcula que el numero de niños muertos en Iraq a consecuencia del embargo supera el medio millón.

Un pueblo machacado
Trece años de sanciones han llevado al país, antes una potencia emergente, a la pobreza y han abocado a su población a la miseria, la muerte y la desesperanza. Durante la pasada Guerra del Golfo cayeron sobre Iraq 90.000 toneladas de explosivos y 3.000 toneladas de uranio. Solo durante aquella campaña (tres meses) murieron 200.000 personas en una guerra de absoluta devastación donde quedó prácticamente inutilizada toda la infraestructura básica de Iraq (hospitales, carreteras, centros de comunicación, industrias, centros de poder, etc).

Pero, además de esto, sus habitantes vienen sufriendo años de asedio tanto en forma de sanciones como de ataques militares continuos de EEUU en acciones que los aliados califican "de castigo". En 1998 la ONU informó de que Iraq había cumplido con el 90% de los requisitos de sus inspectores, siendo, "de facto", un país desmilitarizado. Entre otras cosas, Iraq ya reconoció la soberanía de Kuwait y destina un tercio de los beneficios de sus exportaciones de petroleo al pago de las indemnizaciones por los daños causados en la Guerra del Golfo de 1991. Pese a todo, las sanciones y los ataques se mantienen.

Guerra sucia
Casi nunca se ha dado relevancia a la informacion de que los inspectores de Naciones Unidas no fueron expulsados de Iraq, sino que más bien fueron sacados al descubrirse que entre ellos había espías estadounidenses preparando un ataque contra el país (así lo mantuvieron los citados Halliday y Von Sponeck, responsables en su día del programa "Petróleo por alimentos"). Tras estos sucesos, en diciembre de 1998, EEUU decretó unilateralmente la campaña "Zorro del Desierto" 300 muertes entre la población civil. La operación fue, en realidad, una carniceria: cazas y bombarderos de la RAF (Royal Air Force) británica y de la Air Force estadounidense efectuaron 70 horas de operaciones sobre objetivos iraquíes. Decían estar atacando fábricas de armamento químico y bacteriológico, yacimientos de armas de destrucción masiva e instalaciones militares. En realidad, según denuncio el regimen de Saddam y corroboraron diversas ONG, la operación se saldó con la destrucción de buena parte de la infraestructura básica del país. EEUU contrarrestó las imágenes de víctimas civiles aparecidas en televisión calificándolas con el macabro eufemismo de "daños colaterales".

Según el Pentagono, desde la Guerra del Golfo se han realizado en Iraq 280.000 vuelos militares, con un gasto cifrado entre 50.000 y 60.000 millones de dolares. Datos del Gobierno iraquí aseguran que en estas incursiones han muerto cientos de civiles y más de un millar han resultado heridos. Durante los dieciocho meses anteriores a enero de 1999 los aviones estadounidenses habían realizado 36.000 batidas sobre el país, incluyendo 24.000 misiones de combate. Desde el pasado mes de agosto F-14 de USA y Tornados británicos han efectuado 62 ataques y, según contestaciones a la prensa del ministro de Defensa británico, sólo los aviones de la RAF han dejado caer 124 toneladas de bombas en una media de un bombardeo cada dos días. Estas acciones se realizan dentro de las zonas de "exclusión aerea" en el norte y sur de Iraq, zonas creadas a raíz de una medida unilateral adoptada por los gobiernos de EEUU y Reino Unido que no está basada en ninguna resolución de la ONU.

En marzo de 2002 pilotos de la RAF que patrullaban en el area del kurdistán iraquí denunciaron públicamente su complicidad forzada en la campaña turca para reprimir a los kurdos. Según sus testimonios, se les obligaba a regresar a la base para que las fuerzas aereas turcas bombardearan la zona. Curiosamente, los pilotos de la RAF son hospedados en la base de Incirlik, en Turquía, por la compañía Vinell Brown & Root (VRB), subsidiaria de Halliburton, la empresa que dirigió Dick Cheney, vicepresidente de EEUU.


F U E N T E S:
ONU, Instituto Petrolero de Londres, "The New York Times", Departamento de Defensa USA "Childinfo", "UNICEF", "Alternet", "Rebelión", "Arab News", "Nodo 50", "Nación Arabe" nº 42 y 48, "El Semanal", Especiales KALEGORRIA "El verdadero rostro del terror USA", "Y el mundo será tuyo".